A Bilingual Blog by Élise Hendrick

APUNTES

Derecho constitucional a la educación

1. La educación ya figura como derecho en la CP actual (CPR Art. 19 no. 10).

2. La reforma fundamental – la gratuidad al Gob. No le merece ni una palabra concreta.

3. El papel del Estado en tanto garante queda vago en la R. del Gob.

4. O sea, el Gob. Está de acuerdo con mantener elstatus quo en lo fundamental.

Financialmiento/Gratuidad

– RECHAZO al fin de lucro en todos los niveles;

– RECHAZO a la eliminación de la banca privada (se plantea “mejorar la competencia” entre los bancos como “solución”)

– RECHAZO término del financiamiento mixto, formulándolo como una oportunidad de las familias para cumplir sus “anhelos”

-“40% más vulnerable” y no “70% de menores ingresos”

– Habló en el preámbulo de “avanzar hacia la gratuidad”, pero rechaza cualquier medida concreta.

Son las cuatro de la madrugada,
tus ojos llenos de agitación
son el espejo de don Paquito.
¡Y ahora vai preso, hueón!

Que si se acecha la paz del buitre,
que lo que tiene, se lo robó,
sin piedad vamos tras el rotito
somos del momio el protector.

En La Dehesa vivan en calma
disfruten ellos dicha y solaz;
nosotros somos, antes que nada,
del pueblo obrero el capataz.

Nuestros guanacos van anunciando
quien de la fuerza es titular;
nuestros balazos van hostigando
al que se atreva a protestar.

Duerme tranquilo nuestro momiaje
sin miedo a anarquista ni comunero,
que irán presos por el gran montaje
de su sirviente carabinero.

Sal de la cama, ven por la puerta
que destrozó nuestra irrupción;
aun sin razón nos queda la fuerza.
¡Y ahora vai preso, hueón!

Llevo rato siguiendo atentamente los desarrollos entorno al movimiento estudiantil en Chile desde los Estados Unidos. Dado que aquí el gobierno de Obama – conforme a la política propugnada por el gobierno de Bush II – está haciendo lo imposible por crear los problemas que el movimiento estudiantil chileno está tratando de solucionar (sin topar con ninguna resistencia popular digna de tal designación), cabe decir que he quedado admirada ante el actitud resuelta y combativa de los estudiantes chilenos y los que se han sumado a su lucha.

Al fin de cuentas, la lucha que hoy tiene lugar en Chile es la lucha de todos los que nos oponemos al modelo capitalista neoliberal y luchamos por ver el día en que se abran las grandes alamedas; lo que debilite ese modelo en un lugar, lo debilita en todos lugares. La victoria de un pueblo se convierte en la fuente de energía de otro. Ya que debido a la distancia la voz de mi cacerola no llegaría a los oídos de la terra chilensis, quisiera prestar apoyo al movimiento con las siguientes ideas respecto del planteamiento de modificar la Constitución, hecho por el movimiento en las Bases para un acuerdo social por la educación chilena.

En lo esencial, la idea que iré desarrollando puede reducirse a lo siguiente: Lo que está escrito en las constituciones, las leyes y los decretos no es tan importante como lo que está sucediendo en las calles, los campos, las fábricas y las oficinas. Las disposiciones legales – por claritas que sean – pueden ignorarse, pero las relaciones del poder reales siempre se atenderán. Aunque haya la constitución más hermosa, más justa, más protectora de los derechos humanos del mundo, no será más que papel con tinta si los poderosos estiman que el cumplir con las disposiciones de tal constitución vulneraría sus intereses. Lo único que puede salvar tal documento de una muerte silenciosa en la irrelevancia es una fiscalización permanente y directa por las fuerzas populares. Los jueces para eso no sirven; el cúmplase lo ha de dictar el pueblo mismo. Cuando la Constitución tutela los intereses de los poderosos, no hace falta ninguna precisión excesiva. ¿Acaso la Constitución dice que las fuerzas represivas deben ser “de calidad”? Las disposiciones acerca de ellas están aun menos concretizadas que lo del derecho a la educación: Se dispone cómo se llaman, qué estructura han de tener y basta. Sin embargo, se ve a diario que sirven, y a quiénes.

День Конституции напомнил мне
усопшей бабушки портрет.
Портрет висит в парадной комнате,
а бабушки давно уж нет.

El Día de la Constitución me recordó
el retrato de mi abuela que falleció.
El retrato se ve en el salón
¿y la abuela? hace rato que murió.

– Igor Guberman, Давно пора, ебена мать, умом Россию понимать! (¡Es hora de entender la Rusia con los sesos, conchetumare!)

La Constitución de la República Federal de Alemania dispone que la República ha de ser un “estado social” (Sozialstaat). Lo que eso ha de significar, no se precisa en la carta fundamental, pero la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional Federal sí lo precisa bien claramente. Según la jurisprudencia, esta disposición significa que el estado tiene que garantizarle a todo ciudadano un “mínimo existencial” (Existenzminimum) para una vida digna, lo que significa la capacidad real de gozar plenamente de la vida social, política, económica y cultural del país. Palabras hermosas, sin duda, pero ¿qué tal la realidad?

Durante mucho tiempo había un sistema social bastante bueno en Alemania, que garantizaba una vida más o menos digna para los cesantes y demás menesterosos (lo que no cambia el que también había mucha injusticia en la práctica institucional). En esa época también había un movimiento sindical bastante fuerte. Entonces llegó la época de la globalización capitalista, y ¿qué pasó? Ese sistema social se iba disminuyendo en la medida que iba aumentando la cantidad de personas que lo necesitaban. La asistencia social para las masas cesantes y de los que tienen pega, pero trabajan por un sueldo que ni siquiera alcanza para lo más básico, se llama “Hartz IV”, inspirado en el apellido del empresario corrupto, director de la Volkswagen AG, que encabezó la comisión que la inventó. En efecto, se trata de una subvención masiva para las empresas que pagan sueldos ínfimos (y sin sueldo mínimo legal, se hacen cada vez más míseros).

Los sueldos se van bajando, la cesantía se va aumentando y consolidando, y “Hartz IV” para los trabajadores de reserva significa un sinfín de humillaciones pequeñas y grandes. Una conocida mía se encontró recientemente ante el siguiente caso típico: Un funcionario de la “Agencia Laboral” (Bundesagentur für Arbeit), órgano que se ocupa de disciplinar a los cesantes y precesantes le dijo: “Tiene usted que despedirse de la idea de ganar plata”, pero no de la de trabajar en el puesto que les encuentre la Agencia. O sea, se trata de una esclavitud ni siquiera encubierta.

El año pasado, el TC emplazó al gobierno alemán por vulnerar el derecho a la dignidad humana y al mínimo existencial, teniendo por inconstitucional la manera arbitraria del gobierno de calcular el monto de la asistencia social, y ordenó que se revisara la forma de calcularla. El gobierno reaccionó aumentando la asistencia social en 5 euros mensuales. O sea, cuando de los derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores se trate, el TC puede meterse la Constitución por la raja. Total, no hay quien oponga resistencia real a este sistema tan rentable para los que tienen el poder.

La Primera Enmienda a la Constitución de los EEUU probablemente sea una de las disposiciones constitucionales más famosas en el mundo. En todo caso, cada alumno estadounidense oye ad nauseam que se trata de la enmienda que dispone (entre otras cosas) que “El Congreso no promulgará ninguna ley que vulnere la libertad de la palabra.” Según la versión que se propaga en los discursos interminables de las Fiestas Patrias y las clases de Educación Ciudadana, los Padres Fundadores (siempre en mayúsculas, que aquí se les enseña a los estudiantes a venerarlos en una medida que le daría risa hasta a Kim Il-Sung) decretaron la libertad de expresión, y y’está: Todo ciudadano está libre de expresarse como mejor prefiera – desde siempre.

¿Y la realidad? Terrible de diferente. Pocos años después de la promulgación de la famosa 1ª Enmienda, el Congreso promulgó La ley “de la extranjería y la sedición”, que impuso penas de cárcel al que criticase al gobierno. Aun después de la derogación – pocos años después de promulgada – de esa ley, sobre todo los Estados seguían criminalizando las críticas al poder bajo el rubro de la “calumnia sediciosa”. En la época de la Primera Guerra Mundial, se promulgó la Ley Antiespionaje, con penas privativas de libertad espantosas para quienes atentaran – aunque fuese con la palabra – contra los esfuerzos bélicos. La Corte Suprema de los EEUU desestimó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la medida, teniendo por legítimas las condenas a 10 años ó más de prisión para activistas que habían pronunciado discursos o publicado artículos en contra de la guerra. Aun tras la amnistía decretada después de la guerra, Eugene V. Debs, dirigente del PS y candidato a la presidencia de los EEUU, debió permanecer encerrado durante 10 años por haber criticado la guerra en un discurso durante su campaña electoral.

Las cosas seguían ese mismo rumbo durante las décadas siguientes, hasta llegar el fin de los 60. Entonces, los estadounidenses, sobre todo los jóvenes, se enteraron de que su país estaba masacrando a millones de indochinos indefensos, y empezaron a organizarse para oponer resistencia a ese crimen. Mientras tanto, el movimiento de los derechos civiles para la población afroamericana se iba fortaleciendo y radicalizando. La movilización popular llegó al extremo de que el Estado Mayor de las FF.AA. se mostró preocupado ante la propuesta del gobierno de mandar a otros 150 mil soldados a Vietnam porque de hacerlo así, les faltaría las fuerzas necesarias para aplastar la rebelión popular que según ellos sería la consecuencia de tal decisión.

Mientras tanto, como sería de esperarse, llegaban varios casos a la Corte Suprema que plantaban problemáticas de la libertad de expresión. Lo nuevo era que la Corte iba ampliando el concepto constitucional de la libertad de expresión en vez de imponer restricciones. La doctrina de la calumnia sediciosa se enterró, y poco después también fue sepultada la de la “tendencia nociva”, doctrina que permitía la criminalización de la expresión verbal si parecía capaz de tener consecuencias nocivas para el orden público. Al llegar la década de los 70 – en la cual la movilización popular también iba ampliándose – la libertad de expresión constitucional se había ampliado hasta el punto de prohibir la criminalización de cualquier expresión que no incitara la violencia de forma inmediata, un ámbito de protección negativo que busca su par tanto en el mundo del Derecho Común como el del Ius Civile.

La Constitución seguía siendo la misma, pero el ámbito de su protección creció de un golpe una vez cambiadas las relaciones del poder.

En el caso chileno la relación que existe entre el poder real y los principios jurídicos se hace aun más clara. Si hace rato se hablaba de derogar o modificar la “Ley Antiterrorista”, hoy día se plantea modificar la Constitución. Pero ¿de qué constitución hablan? Si aplicamos los principios jurídicos más básicos del mundo, el documento que todos denominan “Constitución” no lo es para nada. Hace casi un año, en un texto sobre la “Ley Antiterrorista”, escribí:

El Estado de Derecho está en todas bocas, sobre todo las de las personas que más atentan contra ello. Para estos últimos, el Estado de Derecho no parece ser más que una fuente de atribuciones y una justificación para la represión. En tales circunstancias no es de sorprenderse que se pierda de la vista un principio jurídico tan básico y obvio que ni siquiera hay que enunciarlo explícitamente: Una ley sólo es ley si se tramita por los cauces establecidos y emana de la autoridad correspondiente.

Y en eso mismo consiste el vicio original de la “Constitución” de 1980. Fue promulgada mediante un plebiscito, eso sí. Pero ese plebiscito ¿quién lo convocó? Lo convocaron el general que encabezó un sublevamiento armado en contra del gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende, y la votación se llevó a cabo en condiciones de represión extrema. O sea, si se aceptan los principales más fundamentales del estado de derecho, esa “Constitución” sólo sirve para envolver el bacalao.

Es de entenderse, eso sí, que ese principio fundamental se ignoró de forma permanente durante la dictadura militar. Los jueces, aunque estuvieran dispuestos a cuestionar la validez de los actos legislativos y ejecutivos de esa pandilla de milicos sediciosos, sabían muy bien qué destino los esperaba si presentaran un obstáculo real para el poder militar. Pero hace unos veinte años – según escuchamos a diario – tuvo lugar el famoso “retorno a la democracia”. Pinochet, a quien la CIA le había aclarado que quedaría sin amparo si tratara de prolongar su “mandato” más allá del plebiscito, se retiró de La Moneda.

En ese mismo momento, según la doctrina oficial, se iba restaurando la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Y ¿qué le pasó a Pinochet? Según el estado de derecho, el oficial que se sublevare en contra del gobierno constitucional es traidor. El que a tal fin hace secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas es reo de homicidio calificado, secuestro y varios otros delitos que le garantizan una vida entera en cana. Pero a Pinochet no le pusieron las esposas, sino que Aylwin le dio la mano.

¿Qué tal la institucionalidad pinochetista, que como ya vimos, no tiene la más pálida legitimación jurídica? A pesar de unas modificaciones y mejoras técnicas, puede decirse – como dijeron los milicos en el septiembre de 1973 –  que “las conquistas económicas y sociales que se han alcanzado [esta vez por los milicos y la clase dirigente] hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental”. En el aniversario del famoso “retorno a la democracia”, una amiga mía en Santiago comentó que “Dicen que ganó el NO, pero seguimos con la Constitución del SÍ, el sistema binomial del SÍ, el Código del Trabajo del SÍ, y la prohibición del aborto terapéutico del SÍ,” todo ello netamente ilegítimo e inválido si aceptamos el principio fundamental del estado de derecho que se mencionó más arriba.

No es que falten juristas en el Chile de hoy, por eso podemos dar por sentado que hay por lo menos personas que conocen esos principios y que se supone que se empeñan profesionalmente para hacerlos valer. Aquí se trata de toda una institucionalidad que existe al margen del estado de derecho por ilegal en la forma y el fondo. Y ni caso se hace. Se habla de modificar la Constitución, derogar o modificar la Ley Antiterrorista, llevar a cabo modificaciones tecnocráticas al edificio pinochetista, pero del que se trata de una institucionalidad insubsanablemente nula y por ende jurídicamente inexistente – ni una palabra.

Tampoco es que estemos hablando de una idea radical. Se trata de una idea más conservadora que la crestita: que el estado tiene el monopolio de la violencia y la coacción, y que las funciones públicas no se deben usurpar. El que esta idea no se respete, ni se mencione, nos dice todo lo que hay que saber acerca de la relación entre el derecho formal y el poder real. Si los poderosos existen y actúan al margen de toda legalidad, mientras no haya fuerza en la sociedad que contrarreste semejante proceder, será la legalidad la que tiene que ceder ante ellos.

De todos estos casos típicos de las relaciones entre la legalidad formal y el poder real se pueden sacar lecciones bien útiles para el actual movimiento estudiantil chileno. Está claro que la legalidad no importa. Lo que está en la constitución lo podrán ignorar los poderosos cuando se les dé la gana. Si quieren imponer cambios institucionales para hacer valer el derecho human fundamental a la educación para todos, no podrán darse satisfechos si al final sale una modificación constitucional – o incluso una nueva constitución – con disposiciones que parecen satisfacer sus reivindicaciones, porque las palabras que estuvieren en el Papelito Magno no cambia el fondo del asunto. Eso sólo lo podrá cambiar una población movilizada y resuelta, dispuesta a hacer valer en la realidad lo que en el papel está escrito, y a imponer – con los cacerolazos, los paros generales, las tomas y cualquiera medida que fuere necesaria – una fiscalización popular directa y permanente, que no se deje acallar por medias concesiones y que se base en el entendimiento básico de que su fuerza no se encuentra en las elecciones ni en los plebiscitos, sino en su capacidad de paralizar la vida económica y política del país en caso de cualquier atropello.

(Original: Englisch)

Zunächst wurde es von einigen für einen Aprilscherz der Washington Post gehalten. Richard Goldstone, ehemals Vorsitzender der UNO-Untersuchungsmission zum Gaza-Konflikt, veröffentlichte am 1. April einen Kommentar mit dem Titel Reconsidering the Goldstone Report on Israel and War Crimes (Ein neuer Blick auf den Goldstone-Bericht zu Israel und Kriegsverbrechen). Darin behauptet Goldstone:

Wir wissen heute viel mehr über das, was im Gaza-Krieg 2008-2009, geschah, als wir damals wußten, als ich als Vorsitzender der vom UNO-Menschenrechtsrat einberufenen Untersuchungsmission fungierte, die das inzwischen als Goldstone-Bericht bekannte Dokument herausgab. Hätte ich damals das gewußt, was ich heute weiß, wäre der Goldstone-Bericht ein anderes Dokument geworden.

Der Bericht der UNO-Untersuchungsmission zum Gaza-Konflikt:

Ein kurzer Überblick

Bevor wir auf das zurückkommen, was “[Goldstone] heute weiß”, lohnt sich ein schneller Blick auf den Bericht selbst. Bei der Auslegung des vom UNO-Menschenrechtsrat erteilten Auftrags „gelangte die Mission zur Auffassung, daß alle Handlungen aller Beteiligten zu berücksichtigen waren, die möglicherweise Verletzungen der internationalen Menschenrechte bzw. des humanitären Völkerrechts darstellen könnten,“ sowie „damit verbundene Handlungen in den ganzen besetzten palästinensischen Gebieten und Israel.“

Diese Auslegung des Auftrags mag zwar ziemlich weit gefaßt wirken, jedoch fiel nach Auffassung der UNO-Mission folgende fundamentale Rechtsfrage nicht in den Auftragsumfang: Ob Israel zum Zeitpunkt des als „Aktion gegossenes Blei“ bekannten Angriffs irgendein Recht hatte, gegen die besetzten Gebiete, insbesondere den Gaza-Streifen, militärische Gewalt anzuwenden. Diese als ius ad bellum (das Recht, Krieg zu führen) bekannte Frage ist für die sachgemäße Anwendung des humanitären Völkerrechts – ius in bello (Recht im Kriege), die Instrumente wie die Genfer und Haager Abkommen umfaßt -, die festlegt, wie Gewalt in den Situationen angewandt werden darf, in denen die Gewaltanwendung rechtlich zulässig ist. Hat ein Staat kein ius ad bellum, ist jedwede Gewaltanwendung illegal, und zwar selbst dann, wenn sie sich gegen Ziele richtet, die sonst legitime militärische Ziele darstellen würden.

Wie ich und zahlreiche andere – darunter der Völkerrechtsexperte und UNO-Sonderberichterstatter zu den Menschenrechten Prof. Richard Falk – wiederholt angemerkt haben, hatte Israel rechtlich gesehen kein Recht, gegen die besetzten palästinensischen Gebiete (Occupied Palestinian Territory, OPT), zu denen auch der Gaza-Streifen gehört, Krieg zu führen, da das Völkerrecht die Anwendung bzw. Androhung von Gewalt – vorbehaltlich bestimmter, eng gefaßter Ausnahmen – in den internationalen Beziehungen generell verbietet. Insbesondere muß ein Staat einem laufenden bzw. unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriff ins Auge sehen und friedliche Mittel erschöpfen, bzw. den Beweis führen, daß keine friedlichen Mittel zu Gebote stehen, bevor zur Lösung eines Konflikts rechtmäßig auf militärische Gewalt zurückgegriffen werden darf.  Da friedliche Mittel (d.h. den 2008 geschlossenen Waffenstillstand nicht zu verletzten und die angebotene 10-jährige Verlängerung des Waffenstillstandes zu akzeptieren) nicht nur zu Gebote standen, sondern in den Monaten, die dem israelischen Angriff auf Gaza am 4. November 2008 unmittelbar vorausgingen, sogar funktioniert hatten, war jede Gewaltanwendung seitens Israels illegal.

Daß dieser Umstand vom Bericht nicht erwähnt wurde, ist aus verschiedenerlei Gründen bemerkenswert. Erstens wurde die UNO-Charta im Bericht als Teil des bei den Ermittlungen anzuwendenden „normativen Rahmens“ ausdrücklich aufgeführt.   Zum anderen wird vom Bericht mit keinem Wort ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Kernfrage weggelassen wird bzw. argumentationshalber unterstellt, daß Israel ius ad bellum hätte; vielmehr wurde die Frage vollends ignoriert, und der Bericht geht – auch noch stillschweigend – davon aus, daß Israel tatsächlich das Recht gehabt hatte, Krieg zu führen.

Zwar wurden im Bericht zahlreiche Fragen aufgegriffen, die mit dem „Gegossenes Blei“-Massaker 2008-2009 nicht direkt in Verbindung standen, werden sich die folgenden Ausführungen auf die Behandlung der israelischen Handlungen gegen die Gazaer Bevölkerung während „Gegossenes Blei“ beschränken, da dies einziger Gegenstand von Goldstones „neuem Blick“ ist.

Insgesamt untersuchte der Bericht 36 Vorfälle, die sich innerhalb Gazas ereignet hatten (Abs. 16). Zu diesen gehören israelische Angriffe auf die zivile Regierungsinfrastruktur (darunter der Palästinensische Legislativrat, mehrere Polizeidienststellen, das Hauptgefängnis Gazas), von denen die israelischen Behörden frei zugaben, daß sie vorsätzlich angegriffen worden waren (Abs. 32, 34), die nach Auffassung der UNO-Mission die „Zerstörung von Gut, die nicht durch militärische Erfordernisse gerechtfertigt ist und in grossem Ausmass auf unerlaubte und willkürliche Weise vorgenommen wird.“ (Abs. 32), ein Kriegsverbrechen, darstellte. Zu den anderen Vorfällen gehörten Angriffe – die auch zugegebenermaßen vorsätzlich verübt wurden – auf Krankenhäuser und UNO-Einrichtungen, die durch Behauptungen gerechtfertigt wurden, die seien von palästinensischen Kämpfern als militärische Positionen verwandt worden. Für diese Behauptung fand die Mission keinerlei Beweise.

Was die Verpflichtung Israels betrifft, „praktisch mögliche Vorkehrungen“ zum Schutze der Zivilbevölkerung und ziviler Objekte zu treffen, merkte die Mission an, daß den vielgepriesenen Warnungen und telefonischen Nachrichten an Zivilpersonen in anzugreifenden Gegenden die Glaubwürdigkeit und Bestimmtheit fehlten, und führte z.B. aus: „die Glaubwürdigkeit der Anweisungen, sich zur Sicherheit in die Stadtmitte zu begeben, wurde ebenfalls dadurch gemindert, daß die Stadtmitten während der Luftphase der Militäraktion selbst Gegenstand intensiver Angriffe geworden waren“ (Abs. 37), und daß die Verwendung von Lufbombardements durch Israel als „Warnung“ („Dachklopfen“) eigentlich „einen Angriff gegen die im Gebäude befindlichen Zivilpersonen“ darstellt (Abs. 37). Auch dieser Angriff auf Zivilpersonen und zivile Objekte, dies gaben die israelischen Behörden offen zu, war vorsätzlich.

In der Tat geht aus dem Bericht eindeutig hervor, daß die verwerflichsten israelischen Angriffe auf Gaza, das Bombardement einer UNO-Außenstelle und Kraftstoffdepot, in der Zivilpersonen Schutz suchten, sowie zweier Krankenhäuser, mit weißem Phosphor, von Israel als vorsätzliche Angriffe anerkannt wurden.

Goldstone kaschiert Israels zugegebenermaßen vorsätzliche Taten

Vor diesem Hintergrund ist Goldstones in der Washington Post öffentlich verkündeter „neuer Blick“ – auf der Grundlage dessen, was er „heute weiß“ – zu betrachten. Kern dieses „neuen Blicks“ sind „Vorwürfe vorsätzlichen Tuns durch Israel“ (gemeint sind offenbar „vorsätzliches Tun durch Israel“ und nicht „Behauptungen Israels, gewisse Handlungen seien vorsätzlich begangen“).  „Daß die von der Hamas angeblich begangenen Verbrechen vorsätzlich waren“, beginnt er, „versteht sich von selbst“. Die Feststellung, daß Israels Verbrechen vorsätzlich begangen worden waren, „basierten“ hingegen „auf zivilen Todesfällen und Verletzten in Situationen, in denen unserer Untersuchungsmission keinerlei Beweise vorlagen, die eine sonstige sachgemäße Schlußfolgerung rechtfertigen könnten.“

Letztere Behauptung ist, wie oben bereits ausgeführt, wahr im technischen Sinne, aber zugleich verlogen, da damit der Eindruck geweckt wird, man sei nicht aufgrund positiver Feststellungen, sondern aus Mangel an Gegenbeweisen, zum Schluß gekommen, Israel habe vorsätzlich gehandelt. Dabei basierten die Feststellungen im Bericht, daß einige der niederträchtigsten Verbrechen Israels vorsätzlich begangen worden seien, darauf, daß Israel selbst den Vorsatz anerkannte. Wenn man die Hamas nach dem gleichen Maß messen würde, nach Goldstone Israel hier mißt, gäbe es Grund zu zweifeln, daß „die von der Hamas angeblich begangenen Verbrechen vorsätzlich waren“, da es zu „zivilen Todesfällen und Verletzten“ äußerst selten gekommen war in einem Zusammenhang, in dem man zu dem ebenso angemessenen Schluß kommen könnte, die Hamas hätte (womöglich zur Förderung der Landwirtschaft) harmlose Löcher in den Boden sprengen wollen.

Amtliche Politik:
Israels „Dahiya-Strategie“

Obwohl er einräumt, „die zu einigen von uns untersuchten Vorfällen“ sei bestätigt worden durch „Untersuchungen, die vom israelischen Militär veröffentlicht und im [endgültigen UNO-Bericht] anerkannt wurden“, will er uns nicht sagen, um welche Vorfälle es eigentlich handelt, nur, daß „einzelne Soldaten“ daran beteiligt gewesen seien. Er fügt jedoch hinzu, daß diese Untersuchungen „auch darauf hindeuten, daß Zivilpersonen nicht aufgrund amtlicher Politik vorsätzlich angegriffen wurden“.

Das Schöne daran, für ein Publikum zu schreiben, der das Dokument wahrscheinlich nicht kennt, über das man schreibt, ist, daß man sich gewisse Freiheiten erlauben kann. Wer den Bericht nicht gelesen hat, dem wird z.B. nicht sofort aufffallen, daß Goldstone zalreiche schwere Fälle – die oben zusammengefaßten Angriffe auf zivile Wohnhäuser, Zivilpersonen und die zivile Infrastruktur – weggelassen hat, in denen Israel aus freien Stücken zugab, vorsätzlich gehandelt zu haben.

Und wie sollen wir seine Behauptung verstehen, Zivilpersonen würden „nicht aufgrund amtlicher Politik vorsätzlich angegriffen“? Was die oben geschilderten Vorfälle betrifft, ist dies offenkundig falsch – israelische Behörden gaben öffentlich zu, daß diese Angriffe vorsätzlich waren, und auf der amtlichen Politik berührten, die „terroristische Infrastruktur“ der gewählten Hamas-Regierung zu vernichten.  Hier will sich Goldstone offenbar den maximalen Spielraum gönnen – war ein Angriff auf Zivilpersonen vorsätzlich, kann er behaupten, es handele sich um die Tat verwirrter Einzeltäter, „einzelner Soldaten“, und nicht um „amtliche Politik“.  Auf diese Behauptungen sollen wir jedoch offensichtlich nicht näher eingehen; Goldstone tut es jedenfalls nicht.

Im Bericht wird eine weitere „amtliche Politik“ erwähnt, um die Goldstones Kommentar einen Bogen macht: Israels „Dahiya-Doktrin“ Wie im Bericht ausgeführt wird, geht es bei diesem 2006 während des Kriegs gegen den Libanon entstandenen Konzept um „die Anwendung unverhältnismäßiger Gewalt und die Verursachung umfangreicher Schäden und Vernichtung an zivilem Besitz und ziviler Infrastruktur, sowie schweren Leides für die Zivilbevölkerung“ (Abs. 62). Näher darauf eingegangen wird von einem im Juni 2008 von Jaron London veröffentlichten Jediot-Acharonot-Artikel mit folgendem Untertitel: „Israel dämmert endlich, daß Araber für die Taten ihrer Führer zur Verantwortung gezogen werden müssen“

In einem Interview am Freitag mit Jediot Acharonot gab es vom Befehlshaber des Kommandos Nord der israelischen Streitkräfte Gadi Eisenkot klare Worte, die im Grunde genommen auf folgendes hinauslaufen: Im nächsten Zusammenstoß mit der Hisbollah werden wir uns keine Mühe geben, Tausende Raketenwerfer aufzuspüren, und wir werden das Blut unserer Soldaten bei Versuchen, befestigte Hisbollah-Positionen einzunehmen, nicht vergießen. Vielmehr werden wir den Libanon vernichten, und werden uns dabei von den Protesten der „Welt“ nicht beirren lassen.

Die 160 schiitischen Dörfer, die sich in schiitische Armeestützpunkte verwandelt haben, werden wir zerstampfen, und wir werden gnadenlos vorgehen, wenn es darum geht, die nationale Infrastruktur eines Staates anzugreifen, der praktisch der Herrschaft der Hisbollah unterliegt.

Mit andern Worten haben die israelischen Streitkräfte nach der israelischen Dahiya-Strategie zwischen Zivilpersonen und Kombattanten nicht zu unterschieden. Vielmehr besteht die Strategie Israels gemäß der Dahiya-Doktrin darin, im Zusammenhang eines breitangelegten Angriffs auf die Zivilbevölkerung Zivilpersonen und ziviele Objekte in großem Umfang zu vernichten.  Damit wird der Vorsatz, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, eindeutig bekundet. Wie General Eisenkot in seinem Jediot-Interview bemerkte: „Hierbei handelt es sich nicht um eine Empfehlung. Dies ist ein Plan. Und er ist genehmigt worden.“ (Hervorhebungen von mir). Nach dem Massaker merkte der Goldstone-Bericht an, „aus einer Würdigung der unmittelbar in Augenschein genommenen Fakten geht hervor, daß [die Dahiya-Strategie] dem entspricht, was auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde“ (Abs. 62).

Israel untersucht sich selber und Goldstone klatscht Beifall dazu

Goldstone unternimmt keinen Versuch, die – sogar in einer der führenden Zeitungen Israels – eindeutig verkündeten Pläne der israelischen Militärführung, gezielte Anschläge auf Zivilpersonen und zivile Infrastruktur zu verüben, mit seinen Zweifeln über die „Vorwürfe vorsätzlichen Tuns“ in Einklang zu bringen. Einen Hinweis liefert er jedoch: Sein „neuer Blick“ auf die Frage, ob Israels Angriffe auf Gazaer Zivilpersonen vorsätzlich verübt wurden, beruht offenbar größtenteils auf dem Umstand, daß Israel „Untersuchungen“ durchgeführt hat. Diese „Untersuchungen“ durch Israel stellt er der Hamas gegenüber, diee ihm zufolge „nichts unternommen hat“, um die Feststellungen im Bericht über Kriegsverbrechen palästinensischer Kämpfer innerhalb Gazas zu untersuchen.   Lassen wir den Umstand beiseite, daß Israel diese „Untersuchungen“ erst nach der öffentlichen Anprangerung im Bericht eingeleitet hat. Wieder einmal erfahren wir im Bericht selbst, was von den „Untersuchungen“ zu halten ist, die Goldstone heute lobt.

Im Abschnitt über Mechanismen der Verantwortlichkeit lieferte der Bericht eine ausführliche Analyse „des internen israelische Untersuchungs- und Strafverfolgungssystems sowohl auf der Grundlage der nationalen Gesetzgebung als auch in der tatsächlichen Praxis“ (Abs. 120) sowie der allgemeinen Kultur der Straffreiheit, die dieses System durchdringt, wenn es um Verbrechen an Palästinensern geht.  Kern dieses Systems ist die sog. Einsatznachbesprechung, in denen „Vorfälle oder Aktionen“ von „von Soldaten derselben Einheit oder derselben Befehlskette zusammen mit einem vorgesetzten Offizier durchgesprochen.  Sie sollen operativen Zwecken dienen” (Abs. 20).  Es lohnt sich, die Feststellungen des Berichts über die israelischen Verantwortlichkeitsmechanismen – bzw. deren Nichtvorhandensein – länger zu zitieren:

121. […] An Untersuchungen [über schwere Rechtsverletzungen] stellen die Normen des Völkerrechts auch bestimmte Mindestanforderungen in Bezug auf Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit. Die Mission ist der Ansicht, daß das israelische Untersuchungssystem nicht allen dieser Prinzipien Genüge tut. Bezüglich der „Einsatznachbesprechung“, die die israelischen Streitkräfte als Untersuchungsmechanismus einsetzt, vertritt die Kommission die Auffassung, daß ein Instrument, das eingesetzt wird, um Leistungen zu beurteilen und Lehren für die Zukunft zu ziehen, wohl kaum als der nach jedem Einsatz, bei dem es zu Vorwürfe über schwere Rechtsverletzungen gekommen ist, einzuleitende wirksame, unparteiische Untersuchungsmechanismus gelten kann. Auch genügt es nicht den international anerkannten Prinzipien der Unparteilichkeit und Rechtzeitigkeit von Ermittlungen. Dass eigentliche strafrechtliche Ermittlungen erst nach dem Abschluss der „Einsatznachbesprechung“ eingeleitet werden können stellt ein gravierendes Manko des israelischen Untersuchungssystems dar.

122. Die Mission kommt zu dem Schluss, dass schwerwiegende Zweifel an Israels Bereitschaft bestehen, seriöse Untersuchungen unparteiisch, unabhängig und wirksam durchzuführen, wie es das Völkerrecht vorschreibt. Die Nission ist auch der Ansicht, daß dem israelischen System insgesamt diskriminierende Aspekte innewohnen, die es palästinensischen Geschädigten sehr schwer macht, zu ihrem Recht zu kommen.

[…]

1399. In Vergangenheit wurde in jedem Fall, in dem ein an den Feindseligkeiten nicht beteiligter Palästinenser getötet wurde, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese Politik wurde 2000 geändert. Jetzt sind strafrechtliche Ermittlungen die Ausnahme. Diese Fälle werden jetzt lediglich von den Streitkräften selbst in einer „Einsatznachbesprechung“ besprochen. 2003 beantragten die Association for Civil Rights in Israel und B’Tselem, diesen Politikwechsel rückgängig zu machen, und forderten die Einleitung eines ein unabhängigen Ermittlungsverfahrens für jeden zivilen Todesfall.  Im Antrag wurden u.a. die Einleitung von Ermittlungsverfahren in einzelnen Todesfällen begehrt und die Frage der Gesamtpolitik aufgeworfen. Erstere wurden abgelehnt; die Frage der Gesamtpolitik ist noch anhängig.

1400. [Die israelische Menschenrechtsorganisation] Yesh Din berichtet, daß mehr als 90 Prozent der Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden, ohne daß „die öffentliche Klage erhoben“ wird.  B’Tselem berichtete im Juni 2009, daß die Anklage gegen Herrn Braude, den Hebroner Siedler, der im Dezember 2009 dabei gefilmt wurde, drei Palästinenser zu beschießen und zu verletzen, nicht weiterverfolgt werde, da das Gericht die Vorlage „geheimer Beweismittel“ gegen ihn  angeordnet hatte und die aus der Vorlage dieser Beweise erwachsende potentielle Gefahr für die Öffentlichkeit schwerer wiege als in der Entlassung einer bei der Begehung eines Gewaltverbrechens gefilmten Person läge.

1401. Im Juli 2009 wurde einem israelischen Aktivisten, dem der israelische Grenzzschutz in den Kopf geschossen hatte, in einem außergerichtlichen Vergleich Schadensersatz zugesprochen. Bis dato ist gegen den Kommandanten, der den Schußbefehl erteilt hatte, kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

1402. Am 7. Juli 2008 wurde auf den verblendeten und in Handschellen gelegten Ashraf Abu-Rahma aus nächster Nähe geschossen. Der Vorfall wurde gefilmt und im Fernsehen breit veröffentlicht. Als die israelische Militärstaatsanwaltschaft dem Offizier, der den Schußbefehl erteilt hatte, „unwürdiges Verhalten“ zur Last legte, führte der israelische Professor für Völkerrecht Oma Ben-Naftali aus: „Die Entscheidung (wies) auf eine Politik der Toleranz gegenüber Gewalt gegen gewaltfreie zivile Protestaktionen gegen die Errichtung der Trennmauer hin.“ Desweiteren führte er aus, „Eine solche Politik hat zweierlei Auswirkungen:   Erstens könnte dadurch  „unwürdiges Verhalten“ – was rechtlich gesehen ein Kriegsverbrechen darstellt – in ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwandelt werden; zweitens könnte es als Einladung an die internationale Gemeinschaft gedeutet werden, durch die Ausübung der universalen Zuständigkeit einzugreifen.

(Hervorhebungen von mir)

Mit wenigen Worten heißt das, daß aufgrund der langen Geschichte der Straffreiheit selbst bei gut dokumentierten Verbrechen gegen Palästinenser und andere, die sich gegen die israelische Besatzung engagieren, die israelischen „Untersuchungen“, die Goldstone für ein so positives Zeichen hält, in etwa so glaubwürdig sind wie Moshe Katsav auf einer Demo gegen Gewalt gegen Frauen.

Die Verharmlosung des Massakers an der Familie al-Samouni

Als Beispiel der israelischen „Untersuchungen“ erwähnt Goldstone das, was er für den „schwersten im Goldstone-Bericht untersuchten Angriff“ hält, und zwar die Tötung von 29 Angehörigen der Familie al-Samouni (deren Namen Goldstone falsch schreibt) in ihrem Haus. „Die Beschießung des Hauses,“ behauptet Goldstone, ohne Beweise anzuführen, „war allem Anschein nach Folge der Mißdeutung eines Drohnenbildes durch einen israelischen Kommandanten.“ Es ist nun mal nicht leicht, einen einzelnen Angriff als „schwersten“ Angriff eines vier Wochen andauernden Massakers, in dem es auch zum Einsatz chemischer Waffen gegen Krankenhäuser und UNO-Einrichtungen, in denen Zivilpersonen Schutz suchten, einem Amoklauf in einer Hühnerfarm, bei der der Hof zerstört und Tausende Hühner getötet wurden, und zur Vernichtung der einzigen Binnenquelle Gazas für Baubeton kam, aber die Abschlachtung der Familie al-Samouni dürfte in der engeren Wahl auf keinen Fall fehlen.

Die Tötungen der Angehörigen der Familie al-Samouni, die wir nunmehr für die Folge eines mißdeuteten Drohnenbildes halten sollen, wurden im Bericht ausführlich besprochen. Die Zerstörung der al-Samouni-Gegend, in der die Familie al-Samouni wohnt, war dermaßen umfangreich, daß die UNO-Mission zum Zeitpunkt ihres Besuchs im Juni 2009 „nur noch vereinzelte Gebäude und wenige Zelte, inmitten vom Schutt von Häuserruinen und von Planierraupen platt gemachtem Ackerland“ vorfand (Abs. 705).  Zu den ersten getöteten Angehörigen der Familie al-Samouni gehörte Ateya al-Samouni, dessen Haus von israelischen Soldaten gewaltsam betreten wurde, die dabei „eine Art Sprengsatz“ warfen.  „Inmitten des Rauchs, des Feuers und des Lärms“ heißt es weiter,

trat Ateya al-Samouni mit gehobenen Armen vor und erklärte, dass er Eigentümer des Hauses sei. Die Soldaten erschossen ihn noch, als er seinen Ausweis und einen israelischen Führerschein in den Händen hielt. Dann eröffneten die Soldaten das Feuer im Zimmer, in dem sich alle etwa 20 Familienmitglieder versammelt hatten. Mehrere wurden verletzt; besonders schwere Verletzungen erlitt Ahmad, ein 4-jähriger Junge. Soldaten mit Nachtsichtgeräten betraten das Zimmer und inspizierten alle Anwesenden gründlich.  Die Soldaten zogen dann ins nächste Zimmer und steckten es in Brand. Der Rauch aus diesem Zimmer begann bald, die Familie zu ersticken. Ein Zeuge, der mit der Kommission sprach, erinnerte sich daran, dass ein „weißes Zeugs“ seinem 17-monatigen Neffen aus dem Mund kommen sah und ihm beim Atmen half.

708. Gegen 6.30 Uhr befahlen die Soldaten der Familie, das Haus zu verlassen. Sie mußten Ateyas Leiche zurücklassen, trugen aber Ahmad, der noch atmete. Die Familie versuchte, in das Haus eines Onkels nebenan hineinzugehen, dies erlaubten die Soldaten ihnen jedoch nicht. Die Soldaten befahlen ihnen, in die Straße zu gehen und die Gegend zu verlassen, ein paar Meter weiter wurden sie jedoch von einer anderen Gruppe Soldaten angehalten, die ihnen befahl, sich ganz auszuziehen. Faraj al-Samouni, der den schwer verletzten Ahmad trug, flehte sie an, die Verletzten nach Gaza bringen zu dürfen. Die Soldaten sollen mit Beschimpfungen geantwortet haben. Sie sagten ebenfalls „Ihr seid schlechte Araber.” „Ihr geht nach Nitzarim“.

709. Faraj al-Samouni, dessen Mutter und die anderen betraten das Haus eines Onkels in der Gegend. Von dort aus riefen sie das PRCS. Wie weiter unten geschildert wird, gelang es gegen 16.00 Uhr einem PRCS-Krankenwagen, in die Nähe des Hauses, in dem Ahmad verwundet lag, zu gelangen, wurde jedoch von den israelischen Streitkräften daran gehindert, ihn zu retten. Ahmad verstarb gegen 2.00 Uhr in der Nacht des 4. auf den 5. Januar. Am folgenden Morgen entschlossen sich die im Hause Anwesenden etwa 45 Personen, wegzugehen. Sie machten sich weiße Flaggen und gingen in Richtung Salah ad-Din-Straße. Eine Gruppe Soldaten in der Straße befahl ihnen, ins Haus zurückzugehen, der Zeuge sagt jedoch, sie wären in Richtung Gaza weitergelaufen. Die Soldaten schossen auf ihre Füße, ohne jedoch irgendjemanden zu verletzten. Zwei Kilometer weiter im Norden in der Salah ad-Din-Straße fanden sie Krankenwagen, die die Verletzten nach Gaza ins al-Shifa-Krankenhaus verbrachten.

[…] Bei Saleh al-Samouni klopften die israelischen Soldaten an die Haustür und befahlen den Leuten im Haus,  sie zu öffnen. Die Personen traten einer nach dem anderen heraus und Salehs Vater  stellte den Soldaten auf Hebräisch alle  Familienmitglieder vor. Nach Angaben von Saleh al-Samouni baten sie darum, nach Gaza-Stadt gehen zu dürfen, aber die Soldaten lehnten dies ab und befahlen ihnen stattdessen, zu Wa’el al-Samounis Haus auf der anderen Seite der Straße zu gehen.

711. Die israelischen Soldaten befahlen auch den Bewohnern anderer Häuser sich zu Wa’el al-Samounis Haus zu begeben. Folglich versammelten sich am 4. Januar mittags ungefähr hundert Mitglieder der Großfamilie al-Samouni, in ihrer Mehrheit Frauen und Kinder, in diesem Haus. Es gab kaum Wasser und keine Milch für die Säuglinge. 17.00 Uhr am 4. Januar, ging eine der Frauen heraus, um Brennholz zu holen. Es gab etwas Mehl im Haus und sie bereitete Brot zu, ein Stück für jeden Anwesenden.

712. Am Morgen des 5. Januar 2009, zwischen 6.30 und 7.00 Uhr, verließen Wa’el al-Samouni, Saleh al-Samouni, Hamdi Maher al-Samouni, Muhammad Ibrahim al-Samouni und Iyad al-Samouni das Haus, um Brennholz zu sammeln. Rashad Helmi al-Samouni blieb in der Nähe der Haustür stehen. Saleh al-Samouni machte die Mission darauf aufmerksam, dass die israelischen Soldaten von den Dächern der Häuser aus, wo sie Stellung bezogen hatten,  eine klare Sicht auf die Männer hatten. Plötzlich schlug ein Geschoß neben den fünf Männern in der Nähe des Tors zu Wa’els Haus ein und tötete Muhammad Ibrahmim al-Samouni und wahrscheinlich auch Hamdi Maher al-Samouni. Den anderen Männern gelang es, wieder in das Innere des Hauses zu flüchten. Innerhalb von ca.  fünf Minuten, hatten zwei oder drei weitere Geschosse das Haus direkt getroffen. Bei den öffentlichen Anhörungen berichteten Saleh und Wa’el al-Samouni,  dass diese Raketen von Apache–Hubschraubern aus abgeschossen worden seien. Die eingesetzte Munitionsart konnte die Kommission nicht  bestimmen.

713. Saleh al-Samouni sagte aus, dass beim Angriff auf Wa’el al-Samounis Haus insgesamt 21 Familienmitglieder getötet und 19 verletzt worden seien. Unter den Toten waren Saleh al-Samounis Vater, Talal Helmi al-Samouni, seine Mutter Rahma Muhammad al-Samouni und seine zweijährige Tochter Azza. Drei seiner Söhne im Alter von fünf, drei und knapp einem Jahr (Mahmoud, Omar und Ahmad) wurden verletzt, überlebten jedoch. Von Wa’els nächsten Angehörigen wurden eine Tochter und ein Sohn (Rezqa, 14 und Fares, 12) getötet, während zwei kleinere Kinder (Abdullah und Muhammad) verletzt wurden. Die Photographien aller Toten wurden der Mission im Haus der Familie al-Samouni vorgelegt und während der öffentlichen Anhörung in Gaza ausgestellt.

714. Nach dem Beschuß des Hauses von Wa’el al-Samouni entschlossen sich die meisten derjenigen, die noch im Haus waren, sofort aufzubrechen und nach Gaza-Stadt zu laufen, wobei sie die Toten und einige der Verwundeten zurücklassen mußten. Die Frauen machten Zeichen mit ihren Tüchern. Die Soldaten hingegen erteilten den al-Samounis den Befehl, ins Haus zurückzukehren. Als Familienmitglieder erwiderten, dass unter ihnen viele Verletzte seien, antworteten die Soldaten nach Angaben von Saleh al-Samouni, „Geht zurück zum Tod”. Sie entschlossen sich, dieser Anweisung keine Folge zu leisten, und liefen stattdessen Richtung Gaza-Stadt. Sobald sie in Gaza waren, gingen sie zum PRCS und informierten es über die Verwundeten, die zurückgeblieben waren.

715. Das PRCS unternahm am 4. Januar 2009 gegen 16.00 Uhr, nachdem sie den Notruf der Familie von Ateya al-Samouni erhalten hatten, den ersten Versuch, die Verwundeten aus dem Bezirk al-Samouni zu evakuieren. Das PRCS hatte das IKRK angerufen mit der Bitte,  die Begehung des Gebietes mit den israelischen Streitkräften zu koordinieren. Einem PRCS–Krankenwagen aus dem al-Quds-Krankenhaus gelang es, den Bezirk al-Samouni zu erreichen. Der Krankenhaus war von der Salah ad-Din-Straße nach Westen gefahren, als bei einem der ersten Häuser des Bezirks israelische Soldaten, die am Boden und auf dem Dach eines der Häuser Stellung bezogen hatten,  ihre Gewehre auf ihn richteten und ihn zum Anhalten aufforderten. Der Fahrer und die Krankenschwester erhielten den Befehl, das Auto zu verlassen, ihre Hände zu heben, ihre Kleider auszuziehen und sich auf den Boden zu legen. Anschließend durchsuchten israelische Soldaten sie und den Wagen ungefähr 5 bis 10 Minuten lang. Nachdem sie nichts gefunden hatten, erteilten die Soldaten dem Personal des Krankenwagens den Befehl, nach Gaza-Stadt zurückzukehren, trotz seiner Bitten,  einige Verwundeten bergen zu dürfen. Bei seiner Befragung durch die Mission erinnerte sich der Fahrer des Krankenwagens daran, Frauen und Kinder gesehen zu haben, die unter den Treppen eines Hauses kauerten, die er jedoch nicht mitnehmen durfte.

716. Als die ersten Evakuierten der Familie al-Samouni am 5. Januar 2009  in Gaza-Stadt ankamen, ersuchten PRCS und IKRK die israelischen Streitkräften, in den Bezirk al-Samouni fahren und die Verwundeten evakuieren zu dürfen. Diese Gesuche wurden abgelehnt. Trotz mangelnder Koordination mit den israelischen Streitkräften fuhren am 6. Januar gegen 18.45 Uhr ein IKRK-Wagen und vier PRCS-Krankenwagen in den Bezirk al-Samouni;  es wurde ihnen aber nicht erlaubt, das Gebiet zu betreten und die Verwundeten zu evakuieren.

717. Erst am 7. Januar 2009 erlaubten die israelischen Streitkräftedem IKRK und dem PRCS, während einer „vorübergehenden Feuerpause“, die am gleichen Tag von 13.00 bis 16.00 Uhr ausgerufen  worden war, in den Bezirk al-Samouni zu fahren. Drei PRCS-Krankenwagen, ein IKRK-Wagen und ein weiteres Auto, das zum Transport von Leichen eingesetzt wurde, fuhren die Salah ad-Din-Straße von Gaza-Stadt hinunter bis 1,5 km nördlich des Bezirks al-Samouni, wo sie die Straße von Sandhügeln versperrt vorfanden. Das IKRK versuchte, sich über die Öffnung der Straße mit den israelischen Streitkräften zu verständigen, diese lehnten dies aber ab und forderten das Krankenwagenpersonal auf, die restlichen 1,5 Km zu Fuß zu gehen.

718. Sobald sie im Bezirk al-Samouni angekommen waren, suchten sie in den Häusern nach Überlebenden.  Ein Krankenwagenfahrer, der Mitglied des Teams war, berichtete der Kommission, in Wa’el al-Samounis Haus 15 Leichen und 2 schwerverletzte Kinder gefunden zu haben. Eines der Kinder hatte eine tiefe Wunde in der Schulter, die infiziert war und einen fauligen Geruch verströmte. Die Kinder waren dehydriert und hatten Angst vor dem PRCS-Mitarbeiter. In einem Haus in der Nähe fanden sie in einem Raum 11 Menschen, darunter eine tote Frau.

719. Das Rettungsteams hatten lediglich drei Stunden Zeit, um die gesamte Operation durchzuführen; die Evakuierten waren körperlich schwach und emotional sehr instabil. Die Straße war durch den Einschlag von Granaten und die Bewegungen der israelischen Streitkräfte mit ihren Panzern und Planierraupen beschädigt worden. Die Retter legten alle Alten auf eine Karre und zogen diese selbst 1,5 Kilometer bis zu dem Ort, an dem man sie zum Verlassen der Krankenwagen gezwungen hatte. Die Leichen auf der Straße und unter den Trümmern, darunter Frauen und Kinder, ebenso wie die Toten, die in den Häusern gefunden worden waren, mußten zurückgelassen werden. Auf dem Weg zurück zu den Wagen, betraten PRCS–Mitarbeiter ein Haus, in dem sie einen Mann mit zwei gebrochenen Beinen fanden. Während sie den Mann aus dem Haus trugen, begannen die israelischen Streitkräften damit, das Haus unter Beschuß zu nehmen, vermutlich als Warnung, dass die dreistündige „vorübergehende Feuerpause“ sich ihrem Ende näherte. Das PRCS konnte erst wieder am 18. Januar in das Gebiet zurückkehren.

720. Am 18. Januar 2009 , konnten Mitglieder der Familie al-Samouni endlich wieder in ihr Wohngebiet zurückkehren. Wa’el al-Samounis Haus fanden sie, wie die meisten Häuser der Nachbarschaft und die kleine Moschee, demoliert vor. Die israelischen Streitkräften hatten das Gebäude über den Leichen der während des Angriffs Gestorbenen zerstört. Photographien, die am 18. Januar gemacht wurden, zeigen aus den Trümmern dem Sand herausragende Füße und Beine, sowie die Retter, die die Leichen von Frauen, Männern und Kindern herauszogen. Ein Zeuge schilderte der Mission, wie Familienmitglieder die Leichen auf Pferdekarren wegschafften, wie ein junger Mann im Schockzustand neben den Ruinen seines Hauses saß, und vor allem den alles durchdringenden Gestank des Todes.

[…]

727. Hinsichtlich des Angriffs auf die fünf Männer, die das Haus von Wa’el al-Samouni verlassen hatten, um am frühen Morgen des 5. Januar 2009 Brennholz zu holen, sowie wie des nachfolgenden Beschusses des Hauses, stellt die Mission fest, dass die Mitglieder der anderen Familien, die von den israelischen Streitkräften in Wa’el al-Samounis Haus verbracht worden waren, nach Angaben von Saleh al-Samouni von den israelischen Soldaten durchsucht wurden. Alles deutet darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte Kenntnis davon hatten, dass sich ungefähr hundert Zivilpersonen im Haus aufhielten. In der Tat hatten die Familien zuvor darum ersucht, das Gebiet verlassen zu dürfen, um sich an einen sichereren Ort zu begeben, aber man hat ihnen befohlen, im Haus von Wa’el al-Samouni zu bleiben. Dieses Haus befand sich unter ständiger Beobachtung durch israelische Soldaten, die zu diesem Zeitpunkt die volle Kontrolle über das Gebiet hatten.

[…]

729. Die Mission merkt an, dass die israelischen Streitkräfte vier Tage später abstritten, dass ein Angriff auf das Haus von Wa’el al-Samouni stattgefunden hatte. Am 9. Januar 2009 soll israelischer Armeesprecher Jacob Dallal der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt haben, “die IDF hat Menschen nicht in irgendein bestimmtes Gebäude gedrängt…. Darüber hinaus haben wir den Waffengebrauch der IDF am 5. Januar überprüft. Die IDF hat am 5. Januar kein Gebäude in oder in der Nähe von Zeitun unter Beschuß genommen.” Der Kommission ist keine spätere Verlautbarung der israelischen Regierung bekannt, die dieser kategorischen Leugnung widersprochen hätte, oder die darauf hingewiesen hätte, dass die Behauptungen weiter untersucht worden wären.

735. Am Morgen des 5. Januar 2009, nach dem Beschuß von Wa’el al-Samounis Haus flüchteten zwei Überlebende ins Haus von Asaad al-Samouni. Auf Grund der vorliegenden Aussagenkann die Kommission nicht feststellen, ob die israelischen Soldaten den Mitgliedern der Familie al-Samouni den Befehl erteilten das Haus zu verlassen und nach Gaza-Stadt zu laufen oder ob es die Familien selbst waren, die um die Erlaubnis baten, wegzugehen, nachdem sie die erschreckenden Neuigkeiten darüber, was ihren Verwandten in Wa’el al-Samounis Haus widerfahren war, erfahren hatten. Auf jeden Fall machten sich die Personen, die sich im Haus von Asaad al-Samouni versammelt hatten, auf den Weg, verließen das Haus und gingen die al-Samouni-Straße entlang, um auf der Salah ad-Din-Straße–Straße in Richtung Gaza-Stadt zu laufen. Die Soldaten hatten sie angewiesen, direkt nach Gaza zu laufen ohne anzuhalten oder Umwege zu machen. Die Männer trugen noch immer Handschellen und die Soldaten erzählten ihnen, dass man sie erschießen würde, wenn sie versuchten, die Handschellen zu entfernen.

736. Auf der Salah ad-Din-Straße, einige Meter nördlich von der al-Samouni-Straße und vor dem Haus der Familie Juha, eröffnete ein einzelner oder mehrere der israelischen Soldaten, die auf den Dächern der Häuser Stellung bezogen hatten, das Feuer. Iyad wurde ins Bein getroffen und fiel zu Boden. Muhammad Asaad al-Samouni, der unmittelbar hinter ihm lief, machte Anstalten, ihm zu helfen, aber ein israelischer Soldat auf einem Dach befahl ihm weiterzugehen. Als er den roten Punkt des Laserrichtstrahls auf seinem Körper sah und begriffen hatte, dass der israelische Soldat ihn ins Visier genommen hatte, gab er seinen Hilfeversuch auf. Der israelische Soldat feuerte Warnschüsse auf Muhammad Asaad al-Samounis Vater, um ihn daran zu hindern, Iyad zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Iyad al-Samounis Frau und Kinder wurden durch weitere Warnschüsse daran gehindert,  ihm zu Hilfe zu kommen. Fawzi Arafat, der in einer anderen Gruppe lief auf dem Weg vom Bezirk al-Samouni nach Gaza-Stadt, berichtete der Kommission, gesehen zu haben, wie Iyad al-Samouni am Boden liege, die Hände mit weißen Plastikhandschellen gefesselt, während Blut aus der Wunde an seinem Bein geschossen, und er um Hilfe gebettelt habe. Fawzi al-Samouni sagte aus, dass er zu einem israelischen Soldaten geschrien habe: “Wir wollen den Verletzten bergen.” Der Soldat jedoch richtete sein Gewehr auf Iyads Frau und seine Kinder und befahl ihnen, ohne ihn weiterzugehen.

[…]

741. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass die Schüsse auf Iyad al-Samouni ihn nicht töten, sondern lediglich kampfunfähig machen sollten,  indem sie seine Angehörigen und Freunde mit der Erschießung drohten, haben die israelischen Streitkräfte dafür gesorgt, dass er keine lebensrettende ärztliche Versorgung erhalten konnte.  Sie ließen ihn vorsätzlich verbluten.

(Hervorhebungen von mir, die Fußnoten wurden weggelassen)

Mit anderen Worten ging es beim Vorfall ganz und gar nicht um die bloße einmalige Beschießung eines Hauses. Vielmehr stellten die Aktionen der israelischen Streitkräfte im Wohnbezirk der Familie al-Samouni einen mörderischen Amoklauf in einem Gebiet dar, das der Kontrolle der israelischen Streitkräfte voll und ganz underlag, und in dem keine Kampfhandlungen stattfanden. Der Amoklauf begann damit, daß Soldaten gewaltsam Häuser betraten, wobei wehrlose Männer, Frauen und Kinder getötet und verwundet wurden. Die israelischen Bodenkräfte befahlen den Überlebenden dann, sich ins Haus von Wa’el al-Samouni zu begeben, wo sich letztendlich 100 Familienmitglieder mit wenig Essen oder Wasser, sowie (wie man sich wohl vorstellen kann) wenig Raum zu Atmen versammelten.

Das Haus wurde von israelischen Bodentruppen unmittelbar observiert. Diese hatten eine klare Sicht, als mehrere männliche Familienangehörige herauskamen, um Brennholz zu sammeln. Zunächst richteten die israelischen Streitkräfte das Feuer auf die Männer, dann wurde das Haus selbst bombardiert.

Als die Überlebenden des israelischen Bombenangriffs woanders Schutz suchen wollte, sagte man ihnen, sie sollen „zurück in den Tod“ gehen (eine Ausdrucksweise, die einem offen erklärten Tötungsvorsatz verblüffend ähnlich sieht, da es sich beim sich so Äußernden schließlich um einen Soldaten in der Armee handelt, die 100 wehrlosen Zivilpersonen, in ihrer Mehrheit Frauen und Kinder, befohlen hatte, in ein Haus zu gehen, das dann von ihnen angegriffen wurde).

Damit nicht genug, die israelischen Streitkräfte verhinderten tagelang vorsätzlich die Bergung der Verwundeten, und verweigerten Krankenwagen die Zufahrt zum Bezirk.  Und als der an den Händen gefesselte Iyad Samouni vor seiner Familie (mit der er in der Hoffnung nach Gaza-Stadt lief, dort Sicherheit zu finden) niedergeschossen wurde, drohten israelische Soldaten diejenigen zu erschießen, die ihm auf die Füße helfen wollten.  In einem Fall drohten die israelischen Soldaten damit, die Ehefrau und Kinder eines Mannes zu erschießen, die sie angefleht hatte, al-Samouni helfen zu dürfen. Al-Samounis Angehörige wurden unter Androhung des Todes gezwungen, ihn auf der Straße im Sterben liegen zu lassen.

Selbst wenn wir (aus reiner Großzügigkeit) davon ausgehen, daß die unbegründeten Behauptungen über Drohnenfehler Sinn machen (was aber nicht der Fall ist, da sich israelische Soldaten direkt vor Ort befanden, die über eine klare Sichtlinie verfügten, und es deshalb gar nicht notwendig war, sich auf Drohnenbilder zu verlassen), wird damit höchstens die Entscheidung erklärt, das Haus Wa’el al-Samounis unter Beschuß zu nehmen. Die „Drohnenthese“ liefert weder für die Tötungen durch Bodentruppen vor und nach der Beschießung des Hauses noch für die unbarmherzige Weigerung, die Bergung der Verwundeten zu gestatten, eine Erklärung.

Dies alles erwähnt Goldstone jedoch mit keinem Wort, weder die Tatsache, daß der Bezirk al-Samouni kein kampfgebiet war, noch daß er zu allen relevanten Zeitpunkten der vollen Kontrolle israelische Bodentruppen unterlag, noch daß die israelischen Streitkräften der Familie al-Samouni über erst befohlen hatte, sich in das Haus zu begeben, das sie dann unter Beschuß nahmen, noch daß sie Krankenwagen die Zufahrt zur Evakuierung der Verwundeten verweigerten und grausam mit denjenigen umgingen, die selber Bergungsversuche unternahmen (statt wie befohlen „in den Tod“ zurückzugehen).  Es gibt keinen Grund zur Annahme, daß diese Tatsachen Goldstone unbekannt seien. Schließlich wurden sie in dem Bericht der Untersuchungsmission, deren Vorsitzender er gewesen war, sehr ausführlich beschrieben. So gesehen sind seine Auslassungen – die einen penibelst dokumentierten, äußerst grausamen, mörderischen Amoklauf in einen bedauernswerten Pfusch verwandeln – zutiefst unredlich.

Er versichert uns jedoch, daß „gegen einen israelischen Offizier ermittelt wird, weil dieser den Angriff befohlen hatte“, d.h. den Beschuß und nicht die anderen Greueltaten, die Goldstone wegläßt.  „Zwar ist dieses Ermittlungsverfahren von ihrer Dauer her frustrierend“, fährt er fort, „doch erscheint es“ aufgrund keinerlei Beweise, „daß ein sachgerechtes Verfahren läuft.“ Obwohl er keinen Grund anführt, weshalb man glauben sollte, Israels interne „Untersuchungen“ über Kriegsverbrechen seien zur Beendung der ausführlich dokumentierten Kultur der Straffreiheit im israelischen Militär rundum überholt worden, ist Goldstone „davon überzeugt, daß Israel entsprechend reagieren wird, falls dem Offizier Fahrlässigkeit nachgewiesen wird.“

Es mag dahingestellt werden, daß mit der Bezeichnung „ein sachgerechtes Verfahren“ rein gar nichts darüber gesagt worden ist, ob das Verfahren unabhängig, transparent und glaubwürdig ist und den Geschädigten zu fairen Bedingungen die Teilnahme und Aussage ermöglicht. Noch brauchen wir uns mit dem gleichermaßen leeren Wort „entsprechen“ aufzuhalten. Das Bemerkenswertest an dieser Behauptung ist, daß Goldstone davon ausgeht, daß einem Offizier, der entweder den Befehl zum Amoklauf im Bezirk al-Samouni erteilte oder sich weigerte, diesen zu verhindern, obwohl er dazu verpflichtet gewesen war, höchstens „Fahrlässigkeit“ vorgeworfen werden könnte. Goldstone war früher Richter am Verfassungsgericht, und hat umfrangreiche Erfahrungen an verschiedenen Strafgerichtshöfen für Kriegsverbrechen gesammelt. Er weiß sicherlich ganz genau, daß zwischen bloßer Fahrlässigkeit – die Nichtausübung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt – mit Todesfolge und dem Grad an spezifischem Tatvorsatz, dessen Vorliegen offensichtlich gewesen wäre, hätte Goldstone die Handlungen der israelischen Streitkräfte im Bezirk al-Samouni vollständig geschildert, eine gähnende Kluft liegt.  Offensichtlich reicht Goldstone selbst eine erdrückende Menge an Beweisen nicht aus, um Vorsatz zu bejahen, wenn es sich bei den Tätern um Israelis und nicht Palästinenser (deren Tatvorsatz „sich von selbst versteht“) handelt.

Goldstone auf dem Weg nach Kischinau

Über diesen schändlichen geschichtlichen Revisionismus ließe sich noch viel mehr sagen. Einige haben über Goldstones Motive spekuliert, und dabei auf die unablässige Belästigungs- und Einschüchterungskampagne gegen ihn hingewiesen, die fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichts begann. Goldstones Lob für die kosmetischen „Lehren“, die Israel aus der Sache gezogen haben soll (die bei ihrem Angriff auf die Mavi Marmara besonders eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurden), das naiv wäre, wenn es nicht von einem Mann ausgesprochen worden wäre, der ganz genau weiß, daß die Kultur der Straffreiheit völlig intakt ist, wäre auch einen Kommentar wert.  Dieser Artikel käme jedoch zu kurz, wenn die womöglich abscheulichste Äußerung im ganzen Kommentar keine Erwähnung fände:

Ebenso sollte der Menschenrechtsrat die neuerliche unverzeihliche, kaltblütige Abschlachtung eines jungen israelischen Paares mit drei ihrer kleinen Kinder in deren Betten verurteilen.

Mit dieser faulen Bemerkung macht Goldstone die (völlig irrelevanten) neuerlichen Morden im Außenposten Itamar im palästinensischen Westjordanland zum Thema, als ob diese Tötungen, die mehr als zwei jahre nach dem Gazaer Massaker begangen wurden, irgendwie ein neues Licht auf jene israelische Greueltat werfen würden.  Daß der Menschenrechtsrat Menschenrechtsverletzungen untersucht, die mit wenigen Ausnahmen nicht von Einzelpersonen, sondern von Staaten und staatsähnlichen Gebilden begangen werden, und seine Forderung somit völlig aberwitzig ist, brauchen wir nur am Rande zu bemerken. Selbst wenn es kein Aberwitz ware, die Tötungen in Itamar mit dem Gazaer Massaker in einem Atemzug zu erwähnen – Fakt bleibt, daß keiner weiß, wer der Täter ist. Zwar ist die israelische Regierung – und leider eine nicht unbedeutende Anzahl von Figuren von der israelischen „Linken“ – ohne jeglichen Beweis davon ausgegangen, daß die Tötungen bestimmt von Palästinensern begangen worden seien (oder von Gastarbeitern aus Thailand, aber natürlich könnte es unmöglich einer der Einwohner der Siedlung Itamar gewesen sein!), und dem sind Pogrome und Massenverhaftungen palästinensischer Zivilpersonen und thailändischer Gastarbeiter gefolgt, doch gibt es nicht mal die Spur eines Beweises, die die Annahme, der Täter sei Palästinenser, bestätigen könnte. Indem er diese durch nichts gestützte Annahme nicht nur verbreitet, sondern auch noch zur stillschweigenden relativierung des verbrecherischen israelischen Massakers in Gaza benutzt, hat Goldstone eine Tat begangen, auf die auch die guten Bürger Kischinaus stolz gewesen wären.

Einerlei, auf was für Motive diese gesammelten Verzerrungen und Verfälschungen der dokumentierten Tatsachen zurückgehen, kann man nur hoffen, daß es sich für ihn wenigstens gelohnt hat.

(Original: Englisch)

Zu den beunruhigendsten Aspekten der fragmentären US-Linken gehört heutzutage die Tendenz vieler US-Linken (obwohl dies selbstverständlich nicht nur auf US-Linke zutrifft), sich bei der Wahl ihrer Verbündeten ziemlich ungeschickt anzustellen. Ein gutes Beispiel hierfür – auf das von Paul Street, Glenn Ford u.v.a. unermüdlich hingewiesen worden ist – war die Kombination aus Wunschdenken und Verdrängung, die soviele Linken und fortschrittlich Gesinnten dazu brachte, im mitterechten Neoliberalen Barack Obama, dem Liebling klassischer linker Institutionen wie Wall Street und der Kernkraftindustrie, einen unentbehrlichen Hoffnungsträger zu sehen.

Über die letzten paar Jahren ist es langsam gedämmert, daß dies eine ganz schlechte Entscheidung war, und daß viele Linken einem für sie nach Maß angefertigten Produkt der PR-Industrie zum Opfer gefallen waren. Sicherlich gehört dies zu den größten Erfolgen der Madison Avenue, und zwar dermaßen, daß der Wahlkampf Obama 2008 im Wettkampf um den begehrten Industriepreis für die beste Werbekampagne sogar Apple besiegte. Obamas Umstyling durch die PR-Indistrie, die einen mitterechten neoliberalen Militaristen, die nur Citigroup lieben konnte zum Liebling der Friedensbewegung mutierte, kann dem Umstyling eines gewissen Ron Paul jedoch nicht das Wasser reichen. Zwar war Madison Avenue in der Lage, den mitterechten Obama in einen angeblichen insgeheim Linken umzumodeln, Ron Pauls Propaganda ist es jedoch gelungen, aus einem rassistischen Rechtsextremisten, der den Leuten den Hof macht, von denen Trozki einmal vorschlug, man solle sie „mit dem Bürgersteig bekannt machen“, in einen potentiellen Verbündeten der Linken zu machen. Über diesen noch andauernden strategischen Pfusch ist jedoch viel weniger geschrieben worden als der Problematik eigentlich gebührt.

Im Folgenden werde ich die tatsächlichen Ansichten Ron Pauls kurz skizzieren, um aufzuzeigen, mit was für einem soviele linken Kriegsgegner ins Bett gesprungen sind. Dann werde ich einen Erklärungsansatz dafür liefern, weshalb so etwas immer und immer wieder passiert. Der Ron Paul, den Leser im folgenden vorfinden werden, wird dem zensierten Bild von Ron Paul als Politiker, der gegen die aktuellen Kriege tapfer ankämpft und sich vorgeblich gegen „das Imperium“ (von Imperialismus ist bei ihm nämlich keine Rede) und die Staatssicherheitsdoktrin, und für die Freiheit des Einzelnen, einsetzt, kaum entsprechen.

Der echte Ron Paul

(Mannomann, wie es mir auf die Nerven geht, daß wir für den prokommunistischen Schürzenjäger Martin Luther King einen gesetzlichen Feiertag haben. Gegen diesen Skandal habe ich als Abgeordneter mehrfach gestimmt. Welche Schande, daß dies von Ronald Reagan gebilligt wurde! Dem haben wir unseren alljährlichen Haßt-den-Weißen-Mann-Tag zu verdanken.

Hören Sie sich in jeder beliebigen Großstadt eine schwarze Talkshow im Radio an. Neben dem dort verbreiteten Rassenhaß sieht ein KKK-Aufmarsch noch friedlich aus. Die Schwarzen reden von ihrer eigenen rassischen Überlegenheit, davon, wie die Weißen insgeheim ihre Ausrottung planen und wie sie das Land erobern und Vergeltung üben werden. Der einzige Meinungsunterschied gilt der Frage, ob sie sich für die gewaltfreie Methode (d.h. staatliche Gewalt) Kings entscheiden oder ihre Ziele mit privater Gewalt durchboxen sollen.

– Ron Paul zur Bürgerrechtsbewegung

Als ich gelegentlich versucht habe, mit Ron Pauls linken Fans über dessen Ansichten zu diskutieren, hat man mir regelmäßig unterstellt, ich wolle ihn „verleumden“. Den Vorwurf kann man durchaus verstehen, denn Ron Paul vertritt Ansichten, mit denen kein anständiger Mensch in Verbindung gebracht wissen möchte. Weiter unten wird dargelegt, daß Ron Paul weit davon entfernt ist, ein „fast einzigartiger“ Politiker zu sein, der „die über die Pseudotrennlinie Links/Rechts hinausweist“ und „weder ein linkes noch ein rechtes Land schaffen will“, sondern sich – zusammen mit anderen „fast einzigartigen“ Politikern wie der KKK-Führer David Duke und die rassistischen Propagandisten Pat Buchanan und Paul Craig Roberts – sogar recht einfach auf der rechtsextremen Seite der  „Pseudotrennlinie Links-Rechts“orten läßt. Das einzige, was an der oben zitierten Laudatio wahr ist, ist, daß Ron Paul „ein linkes Land“ ganz bestimmt nicht schaffen will.

Bevor er auf nationaler (no pun intended) Ebene bekannt wurde, war Paul mit der Verbreitung seiner Ansichten etwas weniger vorsichtig. Im Jahre 1996, als Adolph Reed Jr. als erster Linker die „nichtssagende bis repressive neoliberale Politik“ Barack Obamas anprangerte, schrieb die linksfortschrittliche texanische Publizistin Molly Ivins:

Auf dem Spiel stehen ebenfalls der 5. Wahlbezirk in Dallas und der 2. Wahlbezirk Texas-Ost, sowie der erstaunliche 14. Wahlbezirk, der sich irgendwie überall befindet. Im erstaunlichen 14. Wahlbezirk steht der Demokrat Lefty Morris (Wahlspruch: „Lefty is Right!“) dem Republikaner/Libertarian Ron Paul gegenüber, der wiederum (wie so oft bei Libertarians) so weit rechts ist, daß er manchmal wieder links ist. Mein persönliches Lieblingsthema ist Pauls Newsletter, der 1993 „Verängstigten Amerikanern“ riet, wie sie ihr Geld außer Landes schaffen. Er riet an, daß die peruanische Staatsbürgerschaft für bloße 25 Mille käuflich zu erhalten sei. Daß wir alle Peruaner warden sollen, zählt zu den innovativsten Vorschlägen dieses festlichen Wahljahres. Was die Peruaner wohl davon halten werden?

Hierbei handelt es sich wohlgemerkt um einen relative harmlosen Auszug aus den Newslettern, die Ron Paul seit 1978 veröffentlicht.

„Bei den Verbrechern, die unsere Städte terrorisieren – mit ihren Randalen, und selbst wenn nicht randaliert wird“, verkündete einmal Pauls Newsletter, „handelt es nicht ausschließlich, doch größtenteils um junge schwarze Männer. Als Kinder wird ihnen der Haß auf Weiße eingebläut, man bringt ihnen bei, an alle Probleme der Schwarzen sei die Unterdrückung durch die Weißen schuld; sie lernen „gegen die Macht anzukämpfen“ und beim weißen Feind soviel Geld und Beutegut wie nur möglich zu erplündern. Autoraub, erfahren wir in einem Ron Paul-Newsletter aus dem Jahre 1992, „gehört zum Hip-Hop-Stil unter den schwarzen Jugentlichen, für die arglose Weiße leichte Beute sind. Dies haben sie womöglich am Beispiel des „prokommunistischen Schürzenjägers“ Martin Luther King Jnr gelernt, der „minderjährige Jungs und Mädchen verführte“ und „das Übel der zwangsmäßigen Rassentrennung durch das Übel der zwangsmäßigen Rassenintegration ersetzte.“ Es wundert also nicht, daß Pauls Newsletter mal den Martin Luther King-Gedenktag als „unser jährlicher Haßt-den-Weißen-Mann-Tag“ bezeichnete. 

In einem anderen Artikel unterhält uns Paul mit Geschichten über „Needlin’“ (Nadelstecherei), „eine neue Form des rassischen Terrorismus.“ „Auf mindestens 39 weiße Frauen“, behauptet er, „ist mit gebrauchten Spritzen eingestochen werden, die vielleicht mit AIDS infiziert worden sind, und zwar von Banden schwarzer Mädchen im Alter zwischen 12 und 14.“ Vor diesem Hintergrund dürfte es nicht unbedingt wundern, das Pauls Newsletter Afroamerikaner als „die Tiere“ bezeichnet und „Zooville“ als geeigneteren Namen für New York vorschlägt.

Es wird vielfach auf Pauls Bemühungen hingewiesen, jegliche Urheberschaft für die oben zitierten Äußerungen (sowie sehr viele anderen) abzustreiten und sich von ihnen zu distanzieren; diese Bemühungen kamen wohlgemerkt erst dann zum Vorschein, als Paul die Möglichkeit erblickte, sich Zugang zur nationalen Politbühne zu verschaffen.  1996, als sein Gegner in der texanischen Kongreßwahl Pauls Newsletter an die Wählerschaft verteilte, ging er mit den Äußerungen weniger schüchtern um:

Dr. Paul, der in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren Kongreßabgeordneter gewesen war, sagte am Dienstag, daß er den Newsletter seit 1985 herausgebe und an geschätzte 7000 bis 8000 Abonnenten vertreibe.  Ein Anruf an die gebührenfreie Nummer des Newsletters wurde von seinem Wahlkampfpersonal beantwortet. […]

Dr. Paul dementierte Unterstellungen, daß er Rassist sei, und sagte, daß er mit den Beiträgen keine Stereotypen wachrufen wollte.  Er sagte, daß sie in ihrer Ganzheit zu lesen und zitieren seien, um Verzerrungen zu vermeiden. […]

–Dallas Daily News, 22. Mai 1996

Einer von Pauls Wahlkampfsprechern sagte, daß die Äußerungen über die Angst vor schwarzen Männern Äußerungen schwarzer Führer wie Jesse Jackson widerspiegeln, die die Ausbreitung der Kriminalität in den Städten verurteilt haben.

Den Newsletter schreibe Paul weiterhin für eine ungenannte Anzahl Abonnenten, so der Wahlkampfsprecher.

—Houston Chronicle, 23. Mai 1996

Im Wesentlichen argumentierte Paul damals anno 1996 also, daß seine Schriften – zu denen er sich öffentlich bekannte – aus dem Zusammenhang gerissen worden seien (bestimmt ein Symptom des „kommenden Rassenkriegs“).

Zwölf Jahre spatter war Paul jedoch offenbar klar geworden, daß seine Schutzbehauptungen nach dem Motto „Ja, natürlich habe ich Schwarze als kriminellen Viecher bezeichnet, die euer Hab und Gut plündern und euch mit AIDS infizieren wollen, aber das war doch nicht böse gemeint!“ es vor seinem neuen, linksgeneigten nationalen Publikum nicht unbedingt bringen würden:

„Die Zitate im New Republik-Artikel sind nicht von mir und entsprechen nicht dem, was ich glaube oder jemals geglaubt habe. Solche Worte habe ich niemals von mir gegeben, und ich veurteile derart bornierte Gedanken.“

„In Wirklichkeit stimmte ich mit Martin Luther King jun. schon immer darin überein, daß wir uns nur für den Charakter eines Menschen und nicht seiner Hauptfarbe interessieren sollen. Wie ich am 20. April 1999 im US-Repräsentantenhaus gesagt habe: „Ich erhebe mich aus Respekt vor dem Mut und den hohen Idealen von Rosa Parks, die sich unerschütterlich für die Rechte des Einzelnen gegen ungerechte Gesetze und unterdrückerische Regierungspolitik engagierte.“

 

Paul zufolge sind afroamerikanische „Tiere“ aber nicht die einzige Bedrohung, mit der wir es zu tun haben.  Wie er 2007 in einem Interview mit der Rassistenseite VDare.com (die von Paul Craig Roberts – ein weiterer merkwürdiger Schlafkamerad – höchstpersönlich mitherausgegeben wird), sehen wir zwei weiteren großen Gefahren ins Auge: illegal eingewanderte Werktätige, das soziale Sicherheitsnetze und die drohende „UNO-Regierung“:

Also, Ausgangspunkt bei mir ist, daß [die Migration] ein großes Problem [darstellt]. Ich habe zwar ungern was mit der Bundesregierung zu tun, ich finde aber, daß der Schutz unserer Staatsgrenzen in den Aufgabenbereich des Bundes fällt. Es ist aus verschiedenen Gründen zu dieser Sauerei gekommen. Zum einen warden die Gesetze nicht durchgesetzt. Ein weiteres Problem ist der Sozialstaat:   Arbeiter sind in diesem Land gefragt, weil unser Sozialstaat Menschen geradezu ermutigt, nicht zu arbeiten. Deshalb finden viele Arbeitsplätze keinen Interessenten. Dies stellt einen Anreiz für Migranten dar, hier reinzukommen und die Arbeitsplätze zu nehmen.

Das wird dadurch erschwert durch bundesrechtliche Verpflichtungen, die die Bundesstaaten zwingen, kostenlose ärztliche Versorgung [N.B.: Stimmt eigentlich nicht] – was in Texas die Krankenhäuser  regelrecht an den Rand des Bankrotts treibt – sowie kostenlose Schulbildung bereitzustellen .

Kern meiner Botschaft ist also, die Anreize für Rechtsverletzungen abzuschaffen – sowohl die Sozialleistungen [NB: Die selbst legal eingereiste Ausländer von Gesetzes wegen nicht beanspruchen dürfen] als auch die Amnestie- und Staatsbürgerschaftsversprechen [NB: Die es nicht gibt].

Die Idee, daß jeder, der in den USA geboren wird, automatisch Staatsbürger wird, möchte ich auch überdenken. Ich glaube nicht, daß es das in vielen Ländern gibt. Ich glaube auch nicht, daß das das Ziel des 14. Verfassungszusatzes [Gleichheit vor dem Gesetz, Staatsbürgerschaft für alle im Inland Geborenen] war. Persönlich bin ich der Meinung, daß dies einfachrechtlich gelöst werden könnte. Andere sehen das anders, also habe ich vorsichtshalber ein diesbezügliches Verfassungsänderungsverfahren eingeleitet.

Erschwert wird das Problem der illegalen Einwanderer, die unsere Arbeitsplätze nehmen, offenbar durch etwas, was Paul als „die Rassenfrage“ bezeichnet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Im selben Interview verkündete Paul auch: „Ich glaube nicht, daß der Preis der Arbeitskräfte durch Mindeslöhne geschützt werden sollte. Darüber sollte der Markt entscheiden. Auch, was die Obergrenzen betrifft.” Arbeitsrecht nach haitianischer Art.

Als erklärter Libertarian (im von der Rechten umgedeuteten Sinne, nicht im traditionellen Sinne des Wortes „libertär“) liebt Paul Worte wie Freiheit. Er hat sogar gesagt: „Was die Abtreibungsfrage betrifft, finde ich, daß ich das mit den Grundfreiheiten sehr genau nehme,“ abgesehen von denen der Frauen:

Das Gerede von Grundfreiheiten ist rein akademisch, wenn man nicht darüber redet, alles Leben wirklich zu schützen. Wer also die Freiheit bewahren will, muß auch das Leben der Ungeborenen genauso schützen.

Ich habe im Kongreß ein Verfassungsänderungsverfahren eingeleitet, die ich als Präsident auf jeden Fall fördern und durchboxen würde. Die Verfassungsänderung heißt Sanctity of Life Amendment (Verfassungszusatz über die Lebensheiligkeit).  Darin legen wir das Prinzip fest, daß das Leben mit der Empfängnis beginnt. Und da sagt einer, „Und wieso sagen Sie das?”Meine Antwort lautet: „Das ist aber kein politisches Statement von mir – das sagt die Wissenschaft!“

Ich weiß, daß wir alle an einer besseren Rechtspflege wollen und die Verfassung zum Schutze des Lebens ändern wollen. Manchmal denke ich aber, daß die schnellere Lösung dabei außer Acht gelassen wird, und mein Gesetzesentwurf entzieht dem Obersten Gerichtshof die Zuständigkeit für die Abtreibungsfrage. Wenn also ein einzelstaatliches Gesetz keine Abtreibungen erlaubt, kann es durch den Obersten Gerichtshof nicht mehr außer Kraft gesetzt werden.

Ich habe seine linken (ja, linken!) Verteidiger einwenden hören, daß Paul in der Abtreibungsfrage bloß die Macht der Regierung einschränken wolle, daß er also die Bundesgerichte und –regierung aus dem Weg schaffen wolle, damit die Bundesstaaten darüber entscheiden können.  Da frage ich mich schon, wie das ihrer Ansicht nach zu seiner Stimme für das bundesrechtliche Verbot des lebensrettenden Eingriffs Dilatation/Extraktion (D&X) paßt, das der OGH in seiner schändlichen Entscheidung Gonzales v. Carhart für verfassungskonform erklärte.

Es wundert also nicht gerade, daß Ron Paul für Begeisterung in den Reihen einiger Zeitgenossen sorgt, mit denen die Linke sich nicht unbedingt gern in Verbindung bringen läßt. Die Neonazi-Seite Stormfront spendete $500 an seinen Wahlkampf. Paul weigerte sich demonstrativ, diese Spende zurückzugeben. Die Unterstützung der Stormfront-Führer wurde von Paul mit einem Fototermin belohnt. Wie es einmal ein Stormfronter mit dem atmosphärischen Usernamen Wolfsnarl (etwa: Knurrwolf) formulierte:

Wenn wir so die dazu bringen können, ihre Rasse zu verteidigen, ohne daß sie aktiv glauben, daß sie das tun, also zum Beispiel durch normale Anti-Ausländer-Gruppierungen wie NumbersUSA oder dadurch, daß sie sich für Ron Paul engagieren.  Schließlich werden sich die meisten Handlanger der jüdisch-bolschewistischen Machtergreifung wohl kaum selbst so identifiziert haben.

Auch KKK-Führer David Duke „mag Ron Pauls Wahlkampf“ genug, um ihm ein paar kostenlose Ratschläge darüber zu erteilen, Was Ron Paul tun muß, um zu gewinnen, obgleich „Ron Paul nicht genug tut, um das Erbe und die Interessen der Euroamerikaner zu bewahren.“ NB: Dukes Kritik an Paul besteht nicht darin, daß dieser kein Rassist sei, sondern darin, daß er nicht rassistisch genug sei.

Zwar stimmt es, daß einem Menschen die Fans, die er so gewinnt, nicht unbedingt angelastet werden dürfen.  Alle, die in der Öffentlichkeit auch nur ein bißchen bekannt sind, werden wohl ein paar Fans haben, die Ansichten vertreiten, die sie nicht teilen. Barack Obama z.B. hat nach wie vor einige linksfortschrittliche Kriegsgegner als Fans.

Sein Umgang mit seinen Fans kann einem Menschen aber sehr wohl angelastet werden. Barack Obama hat sich redlich bemüht, zu zeigen, daß die Bewunderung mancher Linksfortschrittlichen für ihn nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Er hat sie wiederholt verhöhnt und verunglimpft, und verfolgt eine Agenda, die sich gegen all das richtet, wo die für sind. Der Umstand, daß manche Idioten einfach nicht zuhören, ist Obama also keineswegs anzulasten.

Anders liegt es bei Ron Paul. Erstens, wie wir bereits oben gesehen haben, teilt Ron Paul sehr wohl die Ansichten der Neonazis und sonstigen Rassisten, die ihm zujubeln. Er macht ihnen sogar seit Langem den Hof, über seinen Newsletter, sowie dadurch, daß er auf ihren Kundgebungen auftritt und mit ihren Medien (z.B. Vdare) spricht, und auch dadurch, daß er auf Fototerminen mit einigen ihrer Führer in die Kamera grinst. Das ist nicht gerade das Verhalten eines Mannes, der all das ablehnt, wofür die hakenkreuztragende Rechte steht; es sieht vielmehr einem ähnlich, der ihre Ansichten zumindest akzeptabel findet und ihre Unterstützung zu würdigen weiß. Allermindestens ist Paul die Nähe von Menschen, die seine linken Unterstützer gern krankenhausreif prügeln würden, ein bißchen zu angenehm.

Ron Paul: Symptom linker Dysfunition

Trotz über Jahre hinweg wiederholte Äußerungen, angesichts derer in jedem anderen Land die auf jedem seiner Auftritte eine Gegendemo organisieren würde, gibt es nicht wenige Linksgeneigten in den USA, die Ron Paul bis ans bittere Ende verteidigen und jeden Kritiker angreifen, der seine nicht ganz unproblematischen Ansichten thematisiert. Wieso eigentlich?

Die meisten linken Paul-Unterstützer, die mir über den Weg gelaufen sind, fassen ihre Unterstützung mehr oder weniger wie folgt zusammen: Er sei gegen den Krieg, gegen das Repressionsgesetz USA PATRIOT Act, gegen den Imperialismus und für die Legalisierung von Drogen. Jeder Hinweis darauf, daß er zugleich ein frauenfeindlicher Rassist, der die Rechte und Interessen der Werktätigen virulent angreift, wird entweder als Verleumdung oder Angstmache abgetan.

Mit andern Worten: „In ein paar Fragen ist er mit uns einer Meinung, also müssen wir ihn unterstützen. Was für eine Gesellschaft er schaffen will, ist doch völlig egal. Man kann ja nicht alles haben!“

Ebendiese Denkart führt einige in der Palästina-Solibewegung dazu, Leute wie Jeff Blankfort, Paul Craig Roberts und Gilad Atzmon zustimmend zu zitieren.

Im Grunde genommen stehen wir Linken ihrer Meinung nach allein in einer Ecke, und dürfen deshalb nicht wählerisch sein. „Na, wenn du Ron Paul nicht magst“, hat man mich oft gefragt, „nenn doch mal einen Politiker, den du gut findest.“ Daß wir uns auf der Suche nach „Freunden“ nicht auf die Politkaste mit ihren „anderthalb“ Parteien und ihrem schmalen Meinungsspektrum beschränken müssen, kommt ihnen offenbar überhaupt nicht in den Sinn.  Keine Basisbewegungen, kein Meiden des von den Konzernen gemanagten Wahlsystems zugunsten der Ausübung von Druck von unten und von außen – Du suchst dir nen Kandidaten und gehst auf gut Glück. Man kann ja nicht alles haben! Dank dieser Denkart ist es dem Wahlkampf Barack Obama gelungen, all die Graswurzelbewegungen der Bush-Jahre einzuschläfern.

Erschwert wird dies durch die oft erstaunliche politische Ignorant, die unter linken Amerikanern zu finden ist. Dort weisen Verschwörungstheorien von ganz Rechts die beunruhigende Tendenz auf, gen links zu migrieren (wenngleich mit bestimmten Änderungen).

Man betrachte z.B. die Verschwörungstheorien um die US-Zentralbank. Das erste Mal, daß ich jemand (fälschlicherweise) behaupten hörte, daß „keiner weiß, wem der Fed gehört“ und ferner (ebenso fälschlicherweise) daß die US-Notenbank in privater Hand liege, war in einem „Doku“ namens Freedom to Fascism. In diesem Pseudoku erfahren wir, daß amerikanische Arbeiter Freiheit und Wohlstand in beinahe utopischem Ausmaß genossen, bis 1916 die Einkommenssteuer eingeführt wurde (Frauen hatten die Freiheit, nicht wählen zu gehen, allen Werktätigen stand es frei, entweder auf Gewerkschaften zu verzichten oder erschossen zu werden, sowie statt mit echtem Geld mit Spielgeld bezahlt zu werden, Afroamerikaner hatten das Recht, sich unter grinsenden Wahnsinnigen photographieren zu lassen während sie am Scheiterhaufen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, Sie wissen schon). Zum Glück, so informierte uns der „Doku“, gebe es kein Gesetz, wonach wir verpflichtet wären, die Einkommenssteuer zu bezahlen. Hierzu wurden zahlreiche berüchtigte Hochstapler zitiert. Zu den anderen vom Film angeführen Beispielen des umherziehenden „faschistischen” Gespenstes gehörte u.a. die Tatsache, daß zur Zeit des Hurrikans Katrina gegen weiße Einwohner Louisianas tatsächlich ermittelt wurde, weil sie auf unbewaffnete schwarze Einwohner Louisianas das Feuer eröffneten, die den fatalen Fehler begangen hatten, die in ihre Wohngegend führende Brücke auf der Suche nach Zuflucht überquert zu haben.

Zwei Jahre später erfuhre ich, daß dieser Coughlin’sche Unsinn von einer Verschwörung „internationaler (sprich: jüdischer) Bankiers“ in Gestalt der „privaten“ Notenbank von zahlreichen Linksfortschrittlichen aufgeschleckt worden war. Natürlich wäre die ursprüngliche Version mit den utopischen Verhältnissen vor der Legalisierung der Gewerkschaften und der Einführung der Einkommenssteuer und des Frauenwahlrechts unter diesen Leuten der reinste Ladenhüter. Zum Glück ist jemandem eine andere verlorene Utopie eingefallen, deren Hauptdarsteller der beliebteste Kriegsverbrecher der USA, JFK, ist. JFK war in der Linken schon lange Gegenstand unsinniger Lobhudelei gewesen, weil er angeblich supergeheime Pläne (derart geheim, daß sie in seinen früher streng geheimen Akten mit keinem einzigen Wort auch nur angedeutet werden) zur Beendigung des Krieges, den er angefangen hatte und mit ganzem Herzen unterstützte. Nunmehr sollte der eingefleischte Rotenriecher John Fitzgerald Kenneda nicht nur klammheimlich dabei gewesen sein, die Besetzung Vietnams zu beenden, sondern auch noch drauf und dran, die US-Notenbank durch die Emission von Silberscheinen anzugreifen.

Mir geht es hierbei nicht darum, diese oder sonst irgendeine rechte Verschwörungstheorie zu widerlegen, die gen links gewandert ist – anderen, die masochistischer sind als meine Wenigkeit, ist das bereits wunderbar gelungen. Mein Interesse besteht vielmehr darin, daß dies eine Parallele zu der dysfunktionalen Verbündetensuche, die vielerorts in der fragmentären US-amerikanischen Linken anzutreffen ist.  Diese Anziehungskraft dieser Theorien besteht nicht etwa in ihrer Wahrhaftigkeit – die sind schließlich so falsch, daß es die Intelligenz beleidigt. Ihre Anziehungskraft – wie die von Ron Paul und seinesgleichen – besteht vielmehr darin, daß sie wenigstens oberflächlich den Anschein haben, mächtige kapitalistische Institutionen anzugreifen.  Außerdem tun sie dies auf eine Art und Weise, die Untättigkeit gerechtfertigt erscheinen läßt (die Institutionen seien allmächtig, die „Herdenmenschen“ würden einfach nicht zuhören, usw.), und sie liefern scheinbar eine Erklärung, warum wir in diesem Land keine funktionfähige Linke haben, ohne dem Nichtvorhandensein jedweder nachhaltiger Organisationsbemühungen, dem Unvermögen, zwischen gesundem Pluralismus und dysfunktionalem Opportunismus (z.B. Ron Paul) zu entscheiden , sowie dem Unvermögen, das Beharren auf Prinzipien von inselartiger Sektiererei zu unterscheiden, irgendeine Bedeutung beizumessen.

Sicherlich sind hierfür viele Faktoren verantwortlich. Es gibt z.B. die jahrehntelang andauernden Bemühungen durch FBI und Staatsschutz, linke Organisationen zu unterwandern und zersetzen, ein Propaganasystem, das 80% der Bevölkerung davon überzeugt, daß sie mit ihren Ansichten in der Minderheit sind, eine Demokratische partei, die sich als Oppositionspartei fortschrittlich gibt, eine Republikanische Partei, die dermaßen scheußlich ist, daß sogar die Demokraten daneben gut aussehen, sowie zahllose andere Hindernisse. Doch können uns diese äußeren Hindernisse von der Verantwortung, unsere eigene innere Dysfunktion kritisch unter die Lupe nehmen, nicht befreien.  Eine schwache, zerstuckelte, inselartige Linke kann zwar wenig tun gegen die massiven strukturellen Hindernisse, mit denen wir es zu tun haben, aber sicherlich können wir anfangen, vor unserer eigenen Haustür zu kehren.

(Deutsche Übersetzung)

One of the most disturbing aspects of the fragmentary American Left today is the tendency of many leftists in the US (though, obviously, not just in the US) to make decidedly poor choices when it comes to selecting allies. One well-known example of this – tirelessly pointed out by Paul Street, Glenn Ford, and many others – was the combination of wishful thinking and denial that led so many progressives and leftists to hitch their wagons to the star of centre-right neoliberal Barack Obama, the darling of such classic Left institutions as Wall Street and the nuclear power industry.

Over the past couple of years, there has been a dawning realisation that this was a very bad idea indeed, and that many on the Left had fallen for a product of the PR industry specifically designed for them to fall for. It certainly was one of Madison Avenue’s great successes, so much so, in fact, that the Obama campaign beat out Apple in 2008 for the industry’s coveted award for best ad campaign. However, Obama’s PR makeover, which transformed a centre-right, neoliberal militarist only Citigroup could love into the darling of the anti-war movement, can’t hold a candle to the image makeover enjoyed by one Ron Paul. While Madison Avenue managed to transmogrify the centre-right Obama into a supposed stealth leftist, Ron Paul’s PR has managed to make a potential Left ally out of a far-right white supremacist who courts the favour of the sort of people Trotsky once suggested should be ‘acquainted with the pavement’. However, much less has been written about this continuing strategic cockup than the subject deserves.

In the following, I will briefly sketch the actual views of Ron Paul, to show what sort of person so many on the anti-war left have hopped into bed with. I will then propose an explanation for why this sort of thing happens, and keeps happening. The Ron Paul readers will encounter in the following will bear little resemblance to the sanitised Ron Paul who courageously rails against the current wars and declares himself to be against empire and the National Security State, and for personal liberty.

The Real Ron Paul

(Boy, it sure burns me to have a national holiday for that pro-Communist philanderer, Martin Luther King. I voted against this outrage time and time again as a Congressmen [sic]. What an infamy that Ronald Reagan Approved it! We can thank him for our annual Hate Whitey Day.)

Listen to a black radio talk show in any major city. The Racial Hatred makes a KKK rally look tame. The blacks talk about their own racial superiority, how the whites have a conspiracy to wipe them out, and how they are going to take over the country and enact retribution. They only differ over whether they should use King’s non-violent approach (i.e., state violence), or use private violence.

– Ron Paul on the Civil Rights Movement

When, on occasion, I have attempted to discuss Ron Paul’s views with his fans on the Left, I have regularly been accused of ‘smearing’ him. The accusation is understandable, because Ron Paul espouses views with which no decent person would willingly be associated. As we will see below, Ron Paul, far from being an ‘almost unique’ politician who ‘transcends the left-right pseudo-divide,’  and ‘doesn’t want to make a country of the left or a country of the right”, can in fact be quite easily located on the far-right end of the ‘left-right pseudo-divide’, alongside such ‘almost unique’ politicians as David Duke, Pat Buchanan, and Paul Craig Roberts. All that is true in the laudatio quoted above is that Ron Paul most definitely ‘doesn’t want to make a country of the left’.

Before he rose to national prominence, Paul was a little less cautious about publicising his views. In 1996, the year Adolph Reed, Jr. became the first on the Left to call out ‘vacuous to repressive neoliberal’ politician Barack Obama, left-progressive Texan commentator Molly Ivins wrote:

Dallas‘ 5th District, East Texas‘ 2nd District and the amazing 14th District,which runs all over everywhere, are also in play. In the amazing 14th, Democrat Lefty Morris (his slogan is “Lefty is Right!“) faces the Republican/Libertarian Ron Paul, who is himself so far right that he’s sometimes left, as happens with your Libertarians. I think my favorite issue here is Paul’s 1993 newsletter advising “Frightened Americans“ on how to get their money out of the country. He advised that Peruvian citizenship could be purchased for a mere 25 grand. That we should all become Peruvians is one of the more innovative suggestions of this festive campaign season. But what will the Peruvians think of it?

This, it should be noted, is one of the relatively innocuous passages from the newsletters Ron Paul has sent out since 1978.

‘The criminals who terrorize our cities — in riots and on every non-riot day –‘, Paul’s newsletter proclaimed on one occasion, ‘are not exclusively young black males, but they largely are. As children, they are trained to hate whites, to believe that white oppression is responsible for all black ills, to ‚fight the power,‘ to steal and loot as much money from the white enemy as possible.’ Carjacking, we learn from a 1992 Ron Paul Newsletter, is the ‘hip-hop thing to do among the urban youth who play unsuspecting whites like pianos.’ This they may have learned by following the example of the ‘pro-Communist philanderer’ Martin Luther King, Jr., who ‘seduced underage girls and boys’, and ‘replaced the evil of forced segregation with the evil of forced integration.’ Not unsurprisingly, Paul’s newsletter described Martin Luther King Day as ‘our annual Hate Whitey Day’.

In another story, Paul regales us with tales of ‘needlin’, a new form of racial terrorism’. ‘At least 39 white women’, he claims, ‘have been struck with used hypodermic needles –-perhaps infected with AIDS—by gangs of black girls between the ages of 12 and 14.’ Against this background, it is probably not terribly surprising that Paul’s newsletter refers to African Americans as ‘the animals’, and suggests that a more appropriate name for New York would be ‘Zooville’.

Much has been made of Paul’s attempts to deny any connection to the statements above, and many, many more like them, attempts that he only began making when it became clear that he had a shot at national prominence. Back in 1996, when his opponent for a Texas congressional seat distributed Paul’s newsletters to the voting public, he was not as coy:

Dr. Paul, who served in Congress in the late 1970s and early 1980s, said Tuesday that he has produced the newsletter since 1985 and distributes it to an estimated 7,000 to 8,000 subscribers. A phone call to the newsletter’s toll-free number was answered by his campaign staff. […]

Dr. Paul denied suggestions that he was a racist and said he was not evoking stereotypes when he wrote the columns. He said they should be read and quoted in their entirety to avoid misrepresentation. […]

–Dallas Daily News, 22 May 1996

A campaign spokesman for Paul said statements about the fear of black males mirror pronouncements by black leaders such as the Rev. Jesse Jackson, who has decried the spread of urban crime.

Paul continues to write the newsletter for an undisclosed number of subscribers, the spokesman said.

—Houston Chronicle, 23 May 1996

Essentially, then, Paul’s argument back in 1996 was that his writings – which he publicly admitted were his – were being taken out of context, a symptom of ‘The Coming Race War’, no doubt.

Twelve years later, however, Ron Paul had apparently realised that his ‘Sure, I called black people a bunch of criminal animals who want to rob you of everything you have and give you AIDS, but I didn’t mean it in a bad way’ defence probably would not cut it with his new, left-leaning national audience:

The quotations in The New Republic article are not mine and do not represent what I believe or have ever believed. I have never uttered such words and denounce such small-minded thoughts.

In fact, I have always agreed with Martin Luther King, Jr. that we should only be concerned with the content of a person’s character, not the color of their skin. As I stated on the floor of the U.S. House on April 20, 1999: ‚I rise in great respect for the courage and high ideals of Rosa Parks who stood steadfastly for the rights of individuals against unjust laws and oppressive governmental policies.‘

However, in Paul’s view, African American ‘animals’ are not the only threat we must face. As he explained in a 2007 interview with the white-supremacist website VDare.com (co-edited by none other than Paul Craig Roberts, another strange bedfellow), we face two other great dangers: undocumented workers, the social safety net, and the looming ‘United Nations government’:

Well, I start off with saying that [immigration is] a big problem. I don’t like to get involved with the Federal Government very much, but I do think it is a federal responsibility to protect our borders. This mess has come about for various reasons. One, the laws aren’t enforced. Another, the welfare state. We have a need for workers in this country because our welfare system literally encourages people not to work. Therefore, a lot of jobs go begging. This is an incentive for immigrants to come in and take those jobs.

It is compounded because of federal mandates on the states to provide free medical care—that’s literally bankrupting the hospitals in Texas—and free education.

So my main point is to get rid of incentives that cause people to break the law—entitlements as well as the promise of amnesty, citizenship.

I also want to revisit the whole idea of birthright citizenship. I don’t think many countries have that. I don’t think it was the intention of the Fourteenth Amendment. I personally think it could be fixed by legislation. But some people argue otherwise, so I’ve covered myself by introducing a constitutional amendment.

(emphasis supplied) The problem of undocumented workers taking our jobs is apparently compounded by something Paul calls ‘the racial component’. Honi soit qui mal y pense.

In the same interview, Paul also announced that ‘I don’t think we should have minimum wages to protect the price of labor. I want the market to determine this. At the upper level as well.’ The Haitian approach to labour law.

As a professed ‘libertarian’ (in the appropriated, right-wing sense of the word, not the traditional sense), Paul loves words like ‘freedom’ and liberty’. Indeed, he has said that: “On the right-to-life issue, I believe, I’m a real stickler for civil liberties,’ except those of women:

It’s academic to talk about civil liberties if you don’t talk about the true protection of all life. So if you are going to protect liberty, you have to protect the life of the unborn just as well.

I have a Bill in congress I certainly would promote and push as president, called the Sanctity of Life Amendment. We establish the principle that life begins at conception. And someone says, ‘oh why are you saying that?’ and I say, ‘well, that’s not a political statement — that’s a scientific statement that I’m making!“

I know we’re all interested in a better court system and amending the constitution to protect life. But sometimes I think that is dismissing the way we can handle this much quicker, and my bill removes the jurisdiction of the federal courts from the issue of abortion, if a state law says no abortion, it doesn’t go to the supreme court to be ruled out of order.

(emphasis supplied)

I’ve heard his Left (yes, Left!) defenders respond to me that Paul merely wants limited government on the issue of abortion, to get the federal courts and government out of the matter so that the states can decide. I wonder how they square that with his vote in favour of the federal ban on the life-saving dilation and extraction (D&X) procedure, upheld by the Supreme Court’s infamous decision in Gonzales v. Carhart.

Not surprisingly, then, Ron Paul generates enthusiasm in the sort of people the Left generally do not like to be associated with. The Neo-Nazi website Stormfront donated $500 to his campaign, which Paul pointedly refused to return. For their support, Stormfront leaders were rewarded with a photo-op. As a Stormfronter with the evocative handle ‘Wolfsnarl’ noted:

If we can get them to defend their race without them actively thinking they are doing so in those terms-through mainstream anti-immigration groups like NumbersUSA or Ron Paul activism for example. After all, how many foot soldiers of the jewish [sic]/communist takeover actively thought of themselves as communists or whatever?

Klan leader David Duke, too, ‘like[s] Ron Paul’s campaign’ enough to offer him some free advice on What Ron Paul Must Do to Win, even though ‘Ron Paul does not do enough to defend the heritage and interests of European Americans.’ Note that Duke’s criticism is not that Paul isn’t a white supremacist, but that he isn’t enough of one.

Now, it’s true that a person can’t entirely be faulted for the fans they accumulate. Anyone with any public persona at all will probably acquire a few fans whose views they do not share. Barack Obama, for example, still has quite a few left-progressive, antiwar fans.

However, a person can be faulted for how she deals with those fans. Barack Obama has made valiant efforts to show that left-progressives’ Obama admiration is not mutual. He has ridiculed and disparaged them on numerous occasions, and has pursued an agenda that stands for everything they stand against. Clearly, then, Obama cannot be faulted for the fact that some people just can’t take a fucking hint.

Not so Ron Paul. First of all, as we’ve seen above, Ron Paul does share the views of the Neo-Nazis and white supremacists in his cheering section. Indeed, he has long actively courted them, through his newsletter, by appearing at their meetings, by talking to their media (e.g., VDare), by taking their money, and by grinning into the camera at photo-ops with some of their leaders. This does not sound like the behaviour of a man who opposes everything the swastika-wearing Right stands for; this is the behaviour of someone who considers their views at least palatable, and who values their support. At the very least, Paul is a little too comfortable in the presence of people who would like to beat his Left supporters to a bloody pulp.

Ron Paul: A Symptom of Left Dysfunction

Despite a consistent, decades-long record of public pronouncements that, in any other country, would have anti-fascist activists shouting him down at every public appearance, quite a few left-leaning people in the US will defend Ron Paul to the death, attacking any critic who points out the niggling little matter of his positions on the issues. Why?

Most Left Paul supporters I’ve encountered sum up their support for him more or less as follows: He is anti-war, anti-USA PATRIOT Act, anti-empire, and for the legalisation of drugs. Any reference to the fact that he is also a misogynistic white supremacist who is virulently anti-labour is dismissed either as ‘smears’ or ‘fear-mongering’.

In other words: ‘He’s with us on one or two issues, so we have to support him. Who cares what kind of society he wants to build. You can’t have everything!’

This is the same thinking that has people in the Palestine solidarity movement approvingly quoting the likes of Jeff Blankfort, Paul Craig Roberts, and Gilad Atzmon.

Overall, the idea seems to be that we on the Left are alone in a corner, and can’t be choosy about our friends. ‘Well, if you don’t like Ron Paul’, I’ve often been asked, ‘name a politician you do like.’ The idea that there is no need to limit ourselves, in our search for ‘friends’, to the narrow-spectrum, ‘one-and-a-half-party’ political class, it seems, doesn’t even occur to them. No grass-roots movement building, no eschewing the corporate-managed electoral system in favour of exerting pressure from below and without – You picks yer candidate, and you tries yer luck. You can’t have everything. This is the thinking that allowed the Barack Obama campaign to sedate all of the grass-roots activism of the Bush years.

This is compounded by the often stunning political illiteracy one encounters in the American Left, where conspiracy theories from the far right have a disturbing tendency to migrate leftward (with certain modifications).

Witness the Fed conspiracy theories. The first time I heard someone (falsely) claim that ‘no one knows who owns the Fed’, and go on to (falsely) claim that the Fed is privately owned, it was in a ‘documentary’ called Freedom to Fascism. In this ‘documentary’, we hear that American workers enjoyed an almost utopian degree of freedom and prosperity until 1916, when the income tax was passed into law (women were free to not vote, all working people were free to not join a union or get shot, workers were free to be paid in company scrip instead of real money, African Americans were free to be photographed amongst grinning psychos whilst being burned at the stake, you know the drill). Luckily, the ‘documentary’ informed us that there was no law actually requiring us to pay income tax, quoting a number of notorious hucksters to this effect. Other examples of the looming ‘fascism’ cited by the film included the fact that, during Hurricane Katrina, white Louisiana residents were actually being investigated for opening fire on un-armed black Louisiana residents who made the fatal mistake of crossing a bridge into their neighbourhood in hopes of finding safety.

Two years later, I discovered that this Coughlinesque nonsense about an ‘international (Jewish) bankers’ conspiracy in the form of the ‘privately-owned’ Fed had been lapped up by quite a few left-progressives. Of course, the original narrative of the pre-union rights, pre-income tax, pre-women’s suffrage utopia wouldn’t sell in this crowd. Luckily, someone has come up with an alternate Utopia Lost narrative, using everyone’s favourite war criminal, JFK. JFK had long been the subject of misguided adulation on the American Left based on the idea that he had super-secret plans (so secret that they find not even the slightest hint of support in the declassified record) to end the war that he started and wholeheartedly supported. Now, not only was inveterate red-baiter John Fitzgerald Kennedy secretly going to end the occupation of Vietnam – he was going to take on the Fed by issuing silver certificates.

My intention in bringing this up is not to refute this or any other right-wing conspiracy theory that has made its way leftward – others more masochistic than I have already done an excellent job of that. Instead, my interest in this is that it parallels the dysfunctional choice of ‘friends’ we see in so many people on the fragmentary American Left. The appeal of these theories is not their veracity – they are so false as to be insulting. Their appeal – like that of Ron Paul and those like him – is that they appear, at least superficially, to be challenging powerful capitalist institutions. Moreover, they do so in a way that justifies inaction (they’re all-powerful, the ‘Sheeple’ just won’t listen, etc.), and appears to explain why we have no functional Left in this country without ever assigning any blame to the failure to engage in any sustained organising effort, the failure to distinguish healthy pluralism from dysfunctional opportunism (witness Ron Paul), and the failure to distinguish insistence on principle from insular sectarianism.

To be sure, there is plenty of blame to go around. We have decades-long attempts to infiltrate and undermine Left organisations by the FBI and local red squads, a propaganda system that convinces 80% of the population that they’re in the minority with their views, a Democratic Party that pretends to be progressive when they’re not in office, a Republican Party so scary that the Democratic Party looks good, and any number of other obstacles. However, those external obstacles do not absolve us from the responsibility to take a serious look at our internal dysfunction. There is little that a weak, fragmented, insular Left can do right now about the massive structural obstacles we face, but we can certainly do something about the mess in our own house.

In what some had initially assumed was an April Fool’s joke from the Washington Post, Richard Goldstone, former chair of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, published an op-ed 1 April entitled Reconsidering the Goldstone Report on Israel and War Crimes. In it, Goldstone claims that

We know a lot more today about what happened in the Gaza war of 2008-09 than we did when I chaired the fact-finding mission appointed by the U.N. Human Rights Council that produced what has come to be known as the Goldstone Report. If I had known then what I know now, the Goldstone Report would have been a different document.

The Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict:

A Brief Overview

Before we return to what ‘[Goldstone knows] now’, it is worthwhile to glance over the Report itself. In construing their mandate from the UN Human Rights Commission, ‘the Mission determined that it was required to consider any actions by all parties that might have constituted violations of international human rights law or international humanitarian law’, as well as ‘related actions in the entire Occupied Palestinian Territory and Israel’.

While this may seem like a fairly broad interpretation of the mandate, the UN Mission did not consider the scope of their mandate to include the fundamental legal question: Whether Israel had any right at all to use military force against the Occupied Territories, and more specifically, the Gaza Strip, at the time of the attack known as ‘Operation Cast Lead’. This issue, known as ius ad bellum (the right to wage war), is essential to a proper application of international humanitarian law – ius in bello (law in wartime), which includes such instruments as the Geneva and Hague Conventions – which regulates how force may be used in those situations in which the use of force is legally permissible. If a state does not have ius ad bellum, then any use of force at all is unlawful, even when it is directed against targets that would otherwise constitute legitimate military objectives.

As I and numerous others – including international law expert and UN Special Rapporteur on Human Rights Prof. Richard Falk – have repeatedly pointed out, Israel had no legal right to wage war against the Occupied Palestinian Territory (OPT), of which the Gaza Strip is a part, given that international law generally prohibits the use or threat of force in international affairs, subject to certain narrow exceptions. In particular, a state must be facing an actual or imminent armed attack, and exhaust peaceful means – or prove that no peaceful means are available – before it can legitimately use force to resolve a conflict. Because peaceful means (i.e., not violating the 2008 ceasefire and accepting the proposed ten-year extension of that ceasefire) not only were available, but had in fact worked in the months immediately preceding Israel’s 4 November 2008 attack on Gaza, any use of force by Israel was unlawful.

The Report’s omission on this score is noteworthy for a number of reasons. First of all, the Report explicitly listed the U.N. Charter as part of the ‘normative framework’ that it was applying in its inquiry (par. 15).  For another, the Report never specifically states that it is omitting this crucial issue or granting that Israel had ius ad bellum for the sake of argument; rather, it ignores the issue altogether, and merely assumes – implicitly, at that – that Israel did indeed have the right to wage war.

While the Report examined numerous issues not directly related to the 2008-2009 ‘Cast Lead’ massacre, this discussion will be limited to the Report’s discussion of Israeli actions against the population of Gaza during ‘Cast Lead’, as this is the subject of Goldstone’s recent ‘reconsideration’.

In all, the Report examined 36 incidents that occurred within Gaza (par. 16). These include Israeli attacks on the civilian governmental infrastructure (including the Palestinian Legislative Council, several police stations, Gaza’s main prison, which Israeli authorities freely admitted were intentional (par. 32 – 34), and constituted, in the UN Mission’s view, “extensive destruction of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly” (par. 32), a war crime. Other incidents included attacks – again admittedly intentional – on hospitals and UN facilities, which were justified by claims that they were used as military positions by Palestinian combatants, a claim for which the Mission found no evidence (par. 36).

With regard to Israel’s obligation to take ‘feasible precautions’ to protect the civilian population and civilian objects, the Mission noted that the much-vaunted warnings and phone messages to civilians in areas about to be attacked lacked credibility and specificity, noting, for example, that ‘[t]he credibility of instructions to move to city centres for safety was also diminished by the fact that the city centres themselves had been the subject of intense attacks during the air phase of the military operations’ (par. 37), and that Israel’s use of aerial bombardment as a ‘warning’ (‘roof-knocking’) actually ‘constitutes a form of attack against the civilians inhabiting the building’ (par. 37), another attack on civilians and civilian objects that Israeli authorities openly admitted was intentional.

Indeed, it is clear from the Report that the most criminal of Israel’s attacks on Gaza, the white phosphorus bombardment of a UN field office and fuel depot where civilians were taking refuge and two hospitals, were intentional by Israel’s own admission.

Erasing Israel’s Admittedly Intentional Crimes

It is against this background that we must consider Goldstone’s public ‘reconsideration’ – based on ‘what [he] know[s] now’ – in the Washington Post. This ‘reconsideration’ centres around ‘allegations of intentionality by Israel’ (by which he apparently means ‘intentional acts by Israel’, not ‘allegations by Israel that certain acts were intentional’). ‘That the crimes allegedly committed by Hamas were intentional’, he begins, ‘goes without saying.’ The findings that Israel’s crimes were intentional, on the other hand, ‘were based on the deaths of and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion.’

This latter claim, as we have seen, is technically true; however, it is also intellectually dishonest, in that it creates the impression that intentionality was found by default, in the absence of contrary evidence, when, in point of fact, the Report found intentionality with regard to some of the most vicious crimes based on Israel’s own admission that they were intentional. If we were to apply the same standard to Hamas that Goldstone applies here to Israel, we would have grounds to doubt that ‘the crimes allegedly committed by Hamas were intentional’, given the extreme rarity of ‘deaths and injuries to civilians’ in a context in which Hamas might just as reasonably be found to have been trying harmlessly to blow holes in the ground, to aid in planting, perhaps.

A Matter of Policy:
Israel’s ‘Dahiya Strategy’

While he acknowledges that ‘the validity of some incidents that we investigated’ has been established by ‘investigations published by the Israeli military and recognized in the [final UN report’, he chooses not to tell us which incidents these might be, only that they ‘involv[ed] individual soldiers’. However, he adds, ‘they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy.’

The nice thing about writing for an audience that is unlikely to be familiar with the document you’re writing about is that you can afford yourself certain liberties. For example, those unfamiliar with the report would not immediately notice that Goldstone has omitted numerous serious incidents – attacks on civilian residences, civilians, and civilian infrastructure summarised above – that Israel freely admitted were intentional.

And what are we to make of his claim that ‘civilians were not intentionally targeted as a matter of policy’? With regard to the incidents discussed above, this is patently false – Israeli authorities publicly acknowledged that these attacks were intentional, and were taken as part of a policy of destroying the ‘terrorist infrastructure’ of the elected Hamas government. Here, Goldstone seems to be giving himself maximum wiggle room – where an attack on civilians is intentional, he can claim that it was the act of a few bad apples, ‘individual soldiers’, and not ‘a matter of policy’. However, we are clearly not intended to dwell on this statement; Goldstone certainly does not.

The Report touches on another ‘matter of policy’ that Goldstone’s op-ed avoids mentioning: Israel’s ‘Dahiya doctrine’. As the Report notes, this concept, which emerged during the 2006 war against Lebanon, involves ‘the application of disproportionate force and the causing of great damage and destruction to civilian property and infrastructure, and suffering to civilian populations.’ (par. 62) More detail is provided in a June 2008 Yediot Aharonot article by Yaron London, with the subheading: ‘Israel finally realizes that Arabs should be accountable for their leaders’ acts’:

In an interview with Yedioth Ahronoth Friday, IDF Northern Command Chief Gadi Eisenkot uttered clear words that essentially mean the following: In the next clash with Hizbullah we won’t bother to hunt for tens of thousands of rocket launchers and we won’t spill our soldiers’ blood in attempts to overtake fortified Hizbullah positions. Rather, we shall destroy Lebanon and won’t be deterred by the protests of the “world.”

We shall pulverize the 160 Shiite villages that have turned into Shiite army bases, and we shall not show mercy when it comes to hitting the national infrastructure of a state that, in practice, is controlled by Hizbullah.

In other words, Israel’s Dahiya Strategy calls for the Israeli military to make no distinction between civilians and combatants; instead, in accordance with the Dahiya Doctrine, the Israeli strategy is to cause widespread destruction of civilians and civilian objects in the context of a widespread attack on the civilian population. This is a clear statement of intent to commit war crimes and crimes against humanity, and, as General Eisenkot noted in his Yediot interview, „This is not a recommendation. This is a plan. And it has been approved“ (emphasis supplied). Following the Gaza massacre, the Goldstone Report noted that “from a review of the facts on the ground that it witnessed for itself that [the Dahiya strategy] appears to have been precisely what was put into practice” (par. 62).

Goldstone Applauds as Israel Investigates Itself

Goldstone makes no attempt to reconcile the clearly enunciated plans of the Israeli military leadership – announced in one of Israel’s leading newspapers – to target civilians and civilian infrastructure, with his doubts about ‘allegations of intentionality’. However, he does provide one clue: His ‘reconsideration’ of the intentionality of Israel’s attacks on Gazan civilians appears to be based in large part the fact that Israel has conducted ‘investigations’, which Goldstones contrasts with Hamas, who he asserts has ‘done nothing’ to investigate the Report’s findings of war crimes by Palestinian combatants within Gaza.  Leaving aside the fact that Israel only initiated these ‘investigations’ after the public shaming embodied by the Report, it is once again the Report itself that shows just what we can make of the ‘investigations’ Goldstone now lauds.

In its section on ‘Accountability’, the Report provided a detailed analysis of ‘the Israeli internal system of investigation and prosecution according to its national legislation and in the light of practice’ (par. 120), and the general culture of impunity that pervades this system when it comes to crimes against Palestinians. The core of this system is what is known as the ‘operational debriefing’, in which ‘incidents or operations’ are reviewed by ‘soldiers from the same unit or line of command together with a superior officer. They are meant to serve operational purposes’ (par. 20). It is worth quoting the Report’s findings on Israel’s system of accountability, or lack thereof, at length:

121. […] International law has also established that [investigations of serious violations] should comply with standards of impartiality, independence, promptness and effectiveness. The Mission holds that the Israeli system of investigation does not comply with all those principles. In relation to the “operational debriefing” used by the Israeli armed forces as an investigative tool, the Mission holds the view that a tool designed for the review of performance and to learn lessons can hardly be an effective and impartial investigation mechanism that should be instituted after every military operation where allegations of serious violations have been made. It does not comply with internationally recognised principles of impartiality and promptness in investigations. The fact that proper criminal investigations can only start after the “operational debriefing” is over is a major flaw in the Israel system of investigation.

122. The Mission concludes that there are serious doubts about the willingness of Israel to carry out genuine investigations in an impartial, independent, prompt and effective way as required by international law. The Mission is also of the view that the Israeli system overall presents inherently discriminatory features that make the pursuit of justice for Palestinian victims very difficult.

[…]

1399. In the past, every case in which a Palestinian not participating in hostilities was killed was subject to criminal investigation. This policy changed in 2000. Criminal investigations are now the exception, these cases are now simply discussed in an “operational debriefing” by the military itself. In 2003, the Association for Civil Rights in Israel and B’Tselem filed a petition to reverse this policy change, demanding that every civilian death be independently investigated. The petition included demands for investigations into individual deaths as well as the principle question relating to the overall policy. The former were dismissed, while the principle question is still pending.

1400. [Israeli human rights group] Yesh Din reports that over 90 per cent of investigations into settler violence are closed without an “indictment being filed”. B’Tselem reported in June 2009 that the charges against Mr Braude, the Hebron settler who was filmed shooting and injuring three Palestinians in December 2009, would be dropped, as the court had ordered that “secret evidence” against him be disclosed, and the potential public harm of this disclosure would outweigh the harm done by a person, documented as having committed a violent crime, being released back into society.

1401. In July 2009, an Israeli activist who had been shot in the head in 2006 by the Israeli border police was awarded compensation for his injury in an out of court settlement. To date, the commander who ordered the shooting has not been subject to criminal investigation.

1402. On 7 July 2008, Ashraf Abu-Rahma was shot at short range while blindfolded and handcuffed. The incident was filmed and widely broadcast. When the Israeli Military Advocate General charged the officer who ordered the shooting with “conduct unbecoming”, Israeli international law Professor Orna Ben-Naftali stated that “the decision (was) indicative of a policy of tolerance towards violence against non-violent civilian protests against the construction of the Separation Wall”. He added that “the implication of such a policy is twofold: first, it might transform ‘conduct unbecoming’ – which as a matter of law is a war crime – into a crime against humanity; second, it may well be construed as an invitation to the international community to intervene through the exercise of universal jurisdiction.“

(emphasis supplied)

Put briefly, given the long history of impunity for even well-documented crimes against Palestinian civilians and others opposing the Israeli occupation, the Israeli ‘investigations’ that Goldstone finds so encouraging are about as credible as Moshe Katsav at a Take Back the Night rally.

Whitewashing the Slaughter of the al-Samouni Family

As an example of the Israeli ‘investigations’, Goldstone cites what he considers ‘the most serious attack that the Goldstone Report focused on’, namely the killing of 29 members of the al-Samouni family (whose name Goldstone misspells) in their home. ‘The shelling of the home’, Goldstone asserts, citing no evidence, ‘was apparently the consequence of an Israeli commander’s erroneous interpretation of a drone image.’ Now, it is certainly not easy to pick a single ‘most serious’ attack in a four-week massacre that included chemical attacks on hospitals and UN facilities where civilians were seeking refuge, a rampage at a chicken farm that destroyed the farm and killed thousands of chickens, and the destruction of Gaza’s domestic source of cement for construction, but the slaughter of the al-Samouni family certainly belongs on any short list.

The al-Samouni killings, which we are now to believe were all the result of a misinterpreted drone image, were discussed at length in the Report. The destruction of the Samouni neighbourhood, in which the al-Samouni family live, was so extensive that, when the UN Mission visited it in June 29, it “saw very few buildings left and a few tents standing amidst the rubble of collapsed houses and bulldozed land” (par. 705). One of the first of the al-Samouni family to be killed was Ateya al-Samouni, whose house was entered by force by Israeli soldiers, who threw “some explosive device”.  “In the midst of the smoke, fire and loud noise,” the Report continues,

Ateya al-Samouni stepped forward, his arms raised, and declared that he was the owner of the house. The soldiers shot him while he was still holding his ID and an Israeli driving licence in his hands. The soldiers then opened gunfire inside the room in which all the approximately 20 family members were gathered. Several were injured, Ahmad, a boy of four, particularly seriously. Soldiers with night vision equipment entered the room and closely inspected each of those present. The soldiers then moved to the next room and set fire to it. The smoke from that room soon started to suffocate the family. A witness speaking to the Mission recalled seeing “white stuff” coming out of the mouth of his 17-month-old nephew and helping him to breathe.

708. At about 6.30 a.m. the soldiers ordered the family to leave the house. They had to leave Ateya’s body behind but were carrying Ahmad, who was still breathing. The family tried to enter the house of an uncle next door, but were not allowed to do so by the soldiers. The soldiers told them to take the road and leave the area, but a few metres further a different group of soldiers stopped them and ordered the men to undress completely. Faraj al-Samouni, who was carrying the severely injured Ahmad, pleaded with them to be allowed to take the injured to Gaza. The soldiers allegedly replied using abusive language. They also said “You are bad Arabs”. “You go to Nitzarim”.

709. Faraj al-Samouni, his mother and others entered the house of an uncle in the neighbourhood. From there, they called PRCS. As described below, at around 4 p.m. that day a PRCS ambulance managed to come in the vicinity of the house where Ahmad was lying wounded, but was prevented by the Israeli armed forces from rescuing him. Ahmad died at around 2 a.m. during the night of 4 to 5 January. The following morning those present in the house, about 45 persons, decided to leave. They made themselves white flags and walked in the direction of Salah ad-Din Street. A group of soldiers on the street told them to go back to the house, but the witness said that they walked on in the direction of Gaza. The soldiers shot at their feet, without injuring anyone, however. Two kilometres further north on Salah ad-Din Street, they found ambulances which took the injured to al-Shifa hospital in Gaza.

[…] At the house of Saleh al-Samouni, the Israeli soldiers knocked on the door and ordered those inside to open it. All the persons inside the house stepped out one by one and Saleh’s father identified each of the family members in Hebrew for the soldiers. According to Saleh al-Samouni, they asked to be allowed to go to Gaza City, but the soldiers refused and instead ordered them to go to Wa’el al-Samouni’s house across the street.

711. The Israeli soldiers also ordered those in other houses to move to Wa’el al-Samouni’s house. As a result, around 100 members of the extended al-Samouni family, the majority women and children, were assembled in that house by noon on 4 January. There was hardly any water and no milk for the babies. Around 5 p.m. on 4 January, one of the women went outside to fetch firewood. There was some flour in the house and she made bread, one piece for each of those present.

712. In the morning of 5 January 2009, around 6.30 – 7 a.m., Wa’el al-Samouni, Saleh al-Samouni, Hamdi Maher al-Samouni, Muhammad Ibrahim al-Samouni and Iyad al-Samouni, stepped outside the house to collect firewood. Rashad Helmi al-Samouni remained standing next to the door of the house. Saleh al-Samouni has pointed out to the Mission that from where the Israeli soldiers were positioned on the roofs of the houses they could see the men clearly. Suddenly, a projectile struck next to the five men, close to the door of Wa’el’s house and killed Muhammad Ibrahim al-Samouni and, probably, Hamdi Maher al-Samouni. The other men managed to retreat to the house. Within about five minutes, two or three more projectiles had struck the house directly. Saleh and Wa’el al-Samouni stated at the public hearing that these were missiles launched from Apache helicopters. The Mission has not been able to determine the type of munition used.

713. Saleh al-Samouni stated that overall 21 family members were killed and 19 injured in the attack on Wa’el al-Samouni’s house. The dead include Saleh al-Samouni’s father, Talal Helmi al-Samouni, his mother, Rahma Muhammad al-Samouni, and his two-year-old daughter Azza. Three of his sons, aged five, three and less than one year (Mahmoud, Omar and Ahmad), were injured, but survived. Of Wa’el’s immediate family, a daughter and a son (Rezqa, 14, and Fares, 12) were killed, while two smaller children (Abdullah and Muhammad) were injured. The photographs of all the dead victims were shown to the Mission at the home of the al-Samouni family and displayed at the public hearing in Gaza.

714. After the shelling of Wa’el al-Samouni’s house, most of those inside decided to leave immediately and walk to Gaza City, leaving behind the dead and some of the wounded. The women waved their scarves. Soldiers, however, ordered the al-Samounis to return to the house. When family members replied that there were many injured among them, the soldiers’ reaction was, according to Saleh al-Samouni, “go back to death”. They decided not to follow this injunction and walked in the direction of Gaza City. Once in Gaza, they went to PRCS [the Palestinian Red Crescent] and told them about the injured that had remained behind.

715. PRCS had made its first attempt to evacuate the injured from the al-Samouni area on 4 January 2009 around 4 p.m. after receiving a call from the family of Ateya al-Samouni. PRCS had called ICRC, asking it to coordinate its entry into the area with the Israeli armed forces. A PRCS ambulance from al-Quds hospital managed to reach the al-Samouni area. The ambulance had turned west off Salah ad-Din Street when, at one of the first houses in the area, Israeli soldiers on the ground and on the roof of one of the houses directed their guns at it and ordered it to stop. The driver and the nurse were ordered to get out of the vehicle, raise their hands, take off their clothes and lie on the ground. Israeli soldiers then searched them and the vehicle for 5 to 10 minutes. Having found nothing, the soldiers ordered the ambulance team to return to Gaza City, in spite of their pleas to be allowed to pick up some wounded. In his statement to the Mission, the ambulance driver recalled seeing women and children huddling under the staircase in a house, but not being allowed to take them with him.

716. As soon as the first evacuees from the al-Samouni family arrived in Gaza City on 5 January, PRCS and ICRC requested permission from the Israeli armed forces to go into the al-Samouni neighbourhood to evacuate the wounded. These requests were denied. On 6 January around 6.45 p.m., one ICRC car and four PRCS ambulances drove towards the al-Samouni area in spite of the lack of coordination with the Israeli armed forces, but were not allowed to enter the area and evacuate the wounded.

717. On 7 January 2009, the Israeli armed forces finally authorized ICRC and PRCS to go to the al-Samouni area during the “temporary ceasefire” declared from 1 to 4 p.m. on that day. Three PRCS ambulances, an ICRC car and another car used to transport bodies drove down Salah ad-Din Street from Gaza City until, 1.5 km north of the al-Samouni area, they found it closed by sand mounds. ICRC tried to coordinate with the Israeli armed forces to have the road opened, but they refused and asked the ambulance staff to walk the remaining 1.5 km.

718. Once in the al-Samouni neighbourhood, PRCS looked for survivors in the houses. An ambulance driver who was part of the team told the Mission that in Wa’el al-Samouni’s house they found 15 dead bodies and two seriously injured children. One of the children had a deep wound in the shoulder, which was infected and giving off a foul odour. The children were dehydrated and scared of the PRCS staff member. In a house close by, they found 11 persons in one room, including a dead woman.

719. The rescue teams had only three hours for the entire operation and the evacuees were physically weak and emotionally very unstable. The road had been damaged by the impact of shells and the movement of Israeli armed forces, including tanks and bulldozers. The rescuers put all the elderly on a cart and pulled it themselves for 1.5 kilometres to the place where they had been forced to leave the ambulances. The dead bodies lying in the street or under the rubble, among them women and children, as well as the dead they had found in the houses had to be left behind. On the way back to the cars, PRCS staff entered one house where they found a man with two broken legs. While they were carrying the man out of the house, the Israeli armed forces started firing at the house, probably to warn that the three-hour “temporary ceasefire” were about to expire. PRCS was not able to return to the area until 18 January.

720. On 18 January 2009, members of the al-Samouni family were finally able to return to their neighbourhood. They found that Wa’el al-Samouni’s house, as most other houses in the neighbourhood and the small mosque, had been demolished. The Israeli armed forces had destroyed the building on top of the bodies of those who died in the attack. Pictures taken on 18 January show feet and legs sticking out from under the rubble and sand, and rescuers pulling out the bodies of women, men and children. A witness described to the Mission family members taking away the corpses on horse carts, a young man sitting in shock beside the ruins of his house and, above all, the extremely strong smell of death.

[…]

727. With regard to the attack on the five men who stepped out of Wa’el al-Samouni’s house to fetch firewood in the early morning of 5 January 2009 and to the subsequent shelling of the house, the Mission notes that the members of the other families who had been moved by the Israeli forces into Wa’el al-Samouni’s house had been searched by Israeli soldiers, as recounted by Saleh al-Samouni. Everything indicates that the Israeli forces knew that there were about 100 civilians in the house. Indeed, the families had asked to be allowed to leave the area towards a safer place, but had been ordered to stay in Wa’el al-Samouni’s house. The house must have been under constant observation by the Israeli soldiers, who had complete control over the area at the time.

[…]

729. The Mission notes that, four days later, the Israeli armed forces denied that the attack on the house of Wa’el al-Samouni had taken place. On 9 January 2009, an Israeli army spokesman, Jacob Dallal, reportedly told the Reuters news agency that “the IDF did not mass people into any specific building. […] Furthermore, we checked with regard to IDF fire on the 5th. The IDF did not target any building in or near Zeitun on the 5th.” The Mission is not aware of any subsequent statement from the Israeli Government which would contradict this blanket denial or suggest that the allegations have been the subject of further investigation.

735. In the morning of 5 January 2009, after the shelling of Wa’el al-Samouni’s house, two of the survivors took refuge in Asaad al-Samouni’s house. From the testimonies received, the Mission is not able to state whether the Israeli soldiers then ordered the al-Samouni family members in the house to leave and walk to Gaza City, or whether it was the families who pleaded with the soldiers to be allowed to leave having heard the appalling news of what had happened to their relatives in Wa’el al-Samouni’s house. In any event, the persons assembled in Asaad al-Samouni’s house walked out of the house and down al-Samouni Street to take Salah ad-Din Street in the direction of Gaza City. They had been instructed by the soldiers to walk directly to Gaza City without stopping or diverting from the direct route. The men were still handcuffed and the soldiers had told them that they would be shot if they attempted to remove the handcuffs.

736. On Salah ad-Din Street, just a few metres north of al-Samouni Street and in front of the Juha family house, a single or several of the Israeli soldiers positioned on the roofs of the houses opened fire. Iyad was struck in the leg and fell to the ground. Muhammad Asaad al-Samouni, who was walking immediately behind him, moved to help him, but an Israeli soldier on a rooftop ordered him to walk on. When he saw the red point of a laser beam on his body and understood that an Israeli soldier had taken aim at him, he desisted. The Israeli soldiers also fired warning shots at Muhammad Asaad al-Samouni’s father to prevent him from assisting Iyad to get back on his feet. Iyad al-Samouni’s wife and children were prevented from helping him by further warning shots. Fawzi Arafat, who was part of another group walking from the al-Samouni neighbourhood to Gaza, told the Mission that he saw Iyad al-Samouni lying on the ground, his hands shackled with white plastic handcuffs, blood pouring from the wounds in his legs, begging for help. Fawzi Arafat stated that he yelled at an Israeli soldier “we want to evacuate the wounded man”. The soldier, however, pointed his gun at Iyad’s wife and children and ordered them to move on without him.

[…]

741. While the fire directed at Iyad al-Samouni could have been intended to incapacitate rather than to kill, by threatening his family members and friends with lethal fire, the Israeli armed forces ensured that he did not receive lifesaving medical help. They deliberately let him bleed to death.

(emphasis supplied, footnotes omitted)

In other words, far from being a single incident of shelling a home, the Israeli military’s operations in the Samouni neighbourhood were a murderous rampage in an area under the complete control of the Israeli military, in which no combat was taking place. The rampage began with violent home invasions, in which defenceless men, women, and children were killed and wounded. The Israeli ground forces then ordered the survivors into the house of Wa’el al-Samouni, where about 100 members of the family ultimately gathered with little food or water, and, one imagines, scant breathing room.

The house was under direct observation by Israeli ground troops, who had a clear line of sight when several male members of the family stepped out to collect firewood. The Israeli military first directed fire at the men, and then bombarded the house itself.

When the survivors of the Israeli bombardment tried to seek safety elsewhere, they were told to ‘go back to death’, a remark that sounds suspiciously like a statement of intent to kill, coming as it did from a soldier in the army that had ordered 100 defenceless civilians, mostly women and children, into a house and then attacked it.

If this were not enough, the Israeli military deliberately prevented the evacuation of the wounded, and denied ambulances access to the neighbourhood, for a period of several days. And when a handcuffed Iyad al-Samouni was shot down in front of his family as they walked to Gaza City in hopes of finding safety, Israeli soldiers threatened to shoot those who tried to help him to his feet,. In one case, soldiers threatened to shoot the wife and children of a man who pleaded with the Israeli soldiers to allow him to help al-Samouni. Al-Samouni’s family were required on pain of death to leave him dying in the street.

Even if we were to assume (charitably) that the unsupported claims of drone errors made sense (which they don’t, given that there were Israeli soldiers right on the ground who had a clear line of sight, making reliance on drone images unnecessary), they explain only the decision to shell the house of Wa’el al-Samouni. The ‘drone theory’ provides no explanation for the killings by ground troops that preceded and followed the shelling of the house, nor do they explain the callous refusal to allow the wounded to be evacuated.

Goldstone, however, mentions none of this, neither the fact that the Samouni neighbourhood was not a combat zone, nor that it was under the complete control of Israeli ground forces at all relevant times, nor that the Israeli military ordered the al-Samouni family into the house they shelled in the first place, nor that they refused to allow ambulances to evacuate the wounded and dealt cruelly with those who attempted to do so themselves (rather than ‘go back to death’, as they had been ordered). There is no reason to believe that Goldstone is unaware of these facts, which were described in great detail in the report issued by the fact-finding mission that he chaired. As such, his omissions – which turn a well-documented murderous rampage of the utmost cruelty into an unfortunate stuffup – are profoundly dishonest.

He does, however, reassure us that ‘an Israeli officer is under investigation for having ordered the attack’, that is, the shelling, not the other depredations Goldstone omits. ‘While the length of this investigation is frustrating’ he continues, ‘it appears’, based on no supporting evidence, ‘that an appropriate process is underway’. Despite not providing any reason to believe that Israel’s internal ‘investigations’ of war crimes have been fundamentally overhauled in order to end the well-documented culture of impunity in the Israeli military, he is ‘confident that if the officer is found to have been negligent, Israel will respond accordingly.’

Never mind that ‘an appropriate process’ tells us precisely nothing about whether the process is independent, transparent, credible, and allows the victims to participate and give evidence on fair terms. Nor need we tarry on the equally empty word ‘accordingly’. What is most noteworthy in this statement is that Goldstone assumes that the most an officer who either actively ordered or refused – despite being legally bound to do so – to stop the rampage in the Samouni neighbourhood could be accused of is ‘negligence’. Goldstone is a former Constitutional Court Justice with extensive experience in international war crimes tribunals. He certainly knows that there is a chasm a mile wide between mere negligence – failure to exercise due care – leading to death and the degree of specific intent that would have been obvious had he provided complete account of the Israeli military’s actions in the Samouni neighbourhood. But clearly, even overwhelming evidence is not sufficient for Goldstone to find intent when the criminals are Israelis, as opposed to Palestinians, whose criminal intent ‘goes without saying’.

Goldstone on the Road to Kishinev

There is much more that could be said about this disgraceful exercise in revisionist history. Some have speculated on Goldstone’s motives, noting the unremitting campaign of harassment and intimidation against him that began virtually the moment the Report was published. Goldstone’s praise for the cosmetic ‘lessons learned’ by Israel (most notably demonstrated during their attack on the Mavi Marmara), which would be naïve it were not uttered by someone who knows full well that the culture of impunity remains untouched, also merit comment. However, this article would be lacking if it contained no mention of what may be the most despicable line in the entire op-ed:

So, too, the Human Rights Council should condemn the inexcusable and cold-blooded recent slaughter of a young Israeli couple and three of their small children in their beds.

With this glib remark, Goldstone brings up the utterly irrelevant recent killings in the Itamar outpost in the Palestinian West Bank, as if those killings, which happened over two years after the Gaza Massacre, somehow shed a new light on that Israeli atrocity. Never mind that the Human Rights Council investigates human rights violations, which are (with few exceptions) committed by states and quasi-state actors, not individuals, making his suggestion ludicrous. Even if it were not ludicrous to bring up the Itamar killings in the same breath as the Gaza massacre, the fact would still remain that no one knows who committed those killings. While the Israeli government – and, alas, a not-insignificant number of figures from the Israeli ‘Left’ – have assumed, based on no evidence, that the killings must have been the work of Palestinians (or Thai workers, but it, of course, couldn’t possibly have been any of the residents of the Itamar settlement!), and pogroms and roundups of Palestinian civilians and Thai workers have ensued, there is not a shred of evidence supporting the assumption that the perpetrator is Palestinian. By not only propagating that unsupported assumption, but using it as a way to implicitly downplay the criminality of the Israeli massacre in Gaza, Goldstone has committed an act worthy of the good burghers of Kishinev.

Whatever his motives for this collection of distortions and falsifications of the documentary record, and pogrom incitement may be, one hopes that they were worth it.

In the age of the re-declared War on Terrorism, one state legislature has decided to buck the system, placing itself in the vanguard of those who wish to end this war, which was declared by Reagan in 1980, re-declared by Bush in 2001, and is currently being enthusiastically prosecuted by “Dove”-in-Chief Barack Obama. And they’re not taking some wishy-washy, bourgeois civil libertarian stance, either – if a bill currently in the South Dakota state legislature is passed, South Dakota will have officially taken the most radical stance against the War on Terrorism that one can imagine: South Dakota will have officially legalised terrorism.

I’m sure that some readers may be a bit surprised, to put it mildly, to hear this. A crazy, right-wing state legislature like South Dakota’s taking a stand against the bipartisan US Right’s favourite war?

It seems inconceivable, I know, but it is true. South Dakota is considering a bill that would make it justifiable for religious fanatics, egged on by foamy-mouthed fundamentalist clerics seeking to establish a misogynist, homophobic, transphobic theocracy right on US soil, to murder civilians in furtherance of that goal. That, it’s worth recalling, is the definition of terrorism Congress itself enacted in Title 18 of the United States Code: targeted attacks on civilians and civilian objects in order to intimidate a civilian population or otherwise in pursuit of political or religious ideological goals.

Assuming you heard the news at all, you probably heard things a bit differently. Most likely, you heard that South Dakota is considering making it justifiable homicide to kill abortion providers. The word “terrorism” was almost certainly not used, even though this bill would legalise precisely what we are constantly told that that the US trying to stop in Afghanistan: religious fanatics murdering anyone who dares to provide needed health care to women (yes, it’s bullshit, but it’s the official justification, and if that’s good enough for ‘progressive’ intellectuals to justify blowing up Libyan civilians, it’s certainly good enough for argument’s sake).

The federal government, and the US political class and media generally, take a more nuanced position, to be sure. To use the words of US State Department Spokesperson P.J. Crowley’s attempt to explain the US position on the Mubarak dictatorship on Al-Jazeera English, our political class doesn’t see this as an “either-or proposition”. To them, “terrorism” is a feeling, a vibe, like abstract art. You can’t just go around applying rigid legal definitions to a thing like terrorism or you miss the whole point of having the term.

Thus, it isn’t automatically “terrorism” just because religious fanatics commit cowardly murders against defenceless civilians in order to intimidate women and those who support their rights. It all depends on context. When it happens in Afghanistan, and is done by the Taliban (rather than our even more misogynistic collaborators there), it’s terrorism. Indeed, it’s even terrorism when the Afghan resistance (some of whom are Taliban as we understand the term, and many of whom are not) launch attacks on the military personnel who are illegally occupying their territory, even though that clearly does not constitute an attack on civilians.

But when enraged and deluded white men decide to kill gynaecologists, it’s not terrorism. When one of them opens fire at a member of Congress, it’s not terrorism. Indeed, even firebombing a mosque doesn’t count as terrorism (though, judging from the FBI’s surveillance practises, attending one does). And blowing hundreds of thousands of defenceless civilians to bits in an effort to “liberate” them from the idea that they should be the ones choosing their government, when that’s clearly our job, certainly isn’t terrorism. That goes without saying.

Clearly, then, this “terrorism” business is much more complex than it seems, if an act is generally agreed to constitute terrorism in one case, when identical – or sometimes much worse – acts cannot be considered terrorism in other cases.

This apparent paradox quickly evaporates once we abandon our prescriptive approach and acknowledge that the operative usage of “terrorism” bears only a faint resemblance to the actual definition of the term. Implicit in the actual usage of the term is an unspoken requirement: “…if and to the extent that such attacks harm the interests of the powerful.”

This requirement is clearly met in the case of attacks on major US financial and commercial hubs, and just as clearly met in the case of attacks on foreign governments installed or propped up by, or otherwise subservient or useful to the US. Indeed, if the requirement of harm to powerful interests is met, even clear definitional requirements – such as the requirement that the attack be directed against civilians or civilian objects – are superseded, as in the case of an attack by indigenous resistance fighters against a US military occupation, or the revelation by a journalist of documents conclusively proving US war crimes and showing US policy in general in an excessively realistic light.

However, when the paramilitary wing of the openly theocratic fundamentalist Christian movement in the US bombs a gynaecologist’s office, and/or murders doctors, nurses, and patients, the power structure is not harmed. Therefore, it is not terrorism, and those who commit these crimes need not worry about drone attacks on their homes and offices or the prospect of being abducted in the dead of night to be tortured at a clandestine concentration camp. They are not terrorists; their crimes are just deplorable excesses to some – or, to others, laudable contributions – in the ongoing public debate on whether or not women are human beings with human rights, a matter on which “reasonable” minds can clearly differ.

What we are witnessing today is historic: Hosni Mubarak, who had been propped up by the US as dictator of Egypt for 30 years with massive military aid, has been forced out of power by a mass popular uprising, the second such dictator to scarper in recent weeks. Second only to Israel, Mubarak had long been the cornerstone of US power in the oil-rich Middle East, and was directly complicit in US-Israeli crimes including the murderous siege on the occupied Gaza Strip.

From the beginning, the revolutionary forces in Egypt have recognised this, calling Mubarak “the agent of the United States and Israel”. When we watch the images of the celebrating multitudes in Tahrir Square and throughout Egypt, we whose states have underwritten tyranny in Egypt (and in so many other places) would do well to remember that their description is entirely accurate.

Mubarak has scarpered, a fact that, in itself, is cause for celebration and a testament to the power of an organised, committed populace. However, Mubarak did not rule alone, and the US-backed secret police, the US-financed and –armed army, the massive USAID infrastructure that ensures that US funds go where the US want them to go – all of this is still there. The man who departed the presidential palace in Cairo like a frightened mouse was a subcontractor of the United States, and it is clear both from the history and from the reports coming out of Al-Jazeera and elsewhere that the US are busy seeking a replacement.

Now that Mubarak – the dictator whom the US had supported to the bitter end – is gone, we will likely hear public acknowledgement of what an evil bastard he was, without any acknowledgement that the US government had knowingly and, indeed, enthusiastically supported this bastard for three long and bloody decades. We may even hear US officials start to acknowledge that Mubarak was a dictator, something they had denied even throughout the weeks of upheaval in Egypt. This follows a well-established pattern: When a US-backed murderer becomes untenable (either because he can no longer hold on to power or because he stops obeying orders from the home office), the crimes he committed with our decisive support are acknowledged and condemned (without noting our critical role in committing them). We then hear that nobody ever really liked him, and calls for an “orderly transition” to democracy, ignoring that – in many cases – the same people had claimed all along that there already was democracy in the country in question.

As we hear all this, we would do well to remember the telling words of Joe Biden at the beginning of the Egyptian revolution:

„Mubarak has been an ally of ours in a number of things and he’s been very responsible on, relative to geopolitical interests in the region, Middle East peace efforts, the actions Egypt has taken relative to normalizing the relationship with Israel … I would not refer to him as a dictator…”

This is the – usually unspoken – operative definition of “democracy” for US imperial managers. As long as a regime remains “responsible” – i.e. compliant with US interests – he is “democratic” enough for us. By definition, no one we – The Good Guys – support could be a “dictator”. At the most, our preferred dictators will be called “strongmen” or “authoritarian leaders” (though Obama refused to describe Mubarak even as “authoritarian”). “Dictator” refers to those who do not play ball. Thus, we routinely hear of the democratically-elected president of Venezuela, Hugo Chávez Frías, as a “tin-pot dictator”, even though the opposition controls 80% of the media, and even media outlets actively involved in the 2002 CIA coup attempt have not faced any real consequences for their criminal actions. Meanwhile, Colombia, where opposition journalists and activists, union organisers, and peasants are routinely massacred by US-armed death squads, is a stellar democracy by US standards. Colombia follows US orders. Venezuela not only openly flouts them, but is actively aiding others in disobeying.

We should make no mistake that the US is seeking – once again – to impose just this sort of “democracy” on Egypt.

As those of us in the United States and Europe celebrate this landmark victory of popular power over a dictator backed by the most powerful state in the world, we should never lose sight of this fact, and the responsibility for us that arises out of it:

What happens in Egypt depends critically on the amount of freedom of action the United States government has, and the freedom of action of the United States government – and its European “lieutenants” (though the fashionable word is “partner”) – depends critically on what the people in those countries do. The Egyptians and Tunisians have ejected their dictators, and it looks like the Jordanians and Yemenis are on their way to doing the same. But it is we who can ensure that no more dictators are imposed from outside on the peoples of the world. That is the power we have, and it is our sacred responsibility.

Except for a few cases in which they allowed Mubarak’s secret police to massacre demonstrators, and themselves attacked and imprisoned demonstrators, the US-backed Egyptian military have taken a studied neutral stance. They know that they have the trust – however underserved, given their role in supporting Mubarak for 30 years – of the Egyptian people, and they would have been foolish to squander that trust before they had a chance to take power outright.

Barring a rank-and-file mutiny, the Egyptian army has secured its role as heir-apparent to Mubarak’s thirty-year dictatorship. US president Obama has already called on the military to take power in Egypt (after weeks of refusing to demand that Mubarak leave power), a vote of confidence that should be deeply disturbing. If the military end up playing along with the US, we will likely soon see massive military repression, camouflaged as “protecting the population from Islamist rioters” or the like.

“The army has been here for thirty years. Why should I trust the army?” an Egyptian pro-democracy activist just asked on Al-Jazeera. Amidst the celebration, we should be asking ourselves that question as well.

People throughout the US and Europe have demonstrated in solidarity with the Egyptian people. It is time to take that solidarity to the next step. We have the power to provide more than just moral support: We can weaken and restrict the states that have long underwritten the oppression of the Egyptian people. If we truly want to support the Egyptian people, we should do in our countries what they have done in theirs. If they can do it under much more repressive conditions, then we can certainly do it. A Tahrir Square in every city in Europe and the US, a space of mass struggle and social reconstruction capable of reducing the orders of politicians and riot police to mere words, would be a huge step on the way to ensuring that the Egyptian people will not have to settle either for a chief lieutenant of Mubarak, such as Soleiman, or an Ahmed Chalabi-style carpetbagger in the mould of Muhammad ElBaradei.

And it would be damned good for us, too.

I sent this e-mail today to the California State Bar to ask them a few questions about the supposedly MCLE-approved „Who Owns Jerusalem“ lecture by Jacques Gauthier and sponsored by CAMERA and the „David Horowitz Freedom Center“ amongst others:

Dear Sir or Madam:

I recently became aware of an event entitled “Who Owns Jerusalem” (http://www.facebook.com/event.php?eid=169237673119283) and sponsored by the pro-Israel public relations organisation CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America), which claims to be approved for 1.5 hours of California MCLE credit.

This event is billed as a lecture by a Canadian attorney by the name of Jacques Gauthier, who claims that, contrary to the international legal consensus most clearly enunciated in the advisory opinion of the International Court of Justice Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory and numerous international instruments, including the UN Charter and the Fourth Geneva Convention, that Israel is entitled to full sovereignty over the entire Occupied Palestinian Territory, i.e., the West Bank, Gaza, and East Jerusalem.

This he does by grossly misrepresenting an 1920 League of Nations document known as the “San Remo Resolution”, which, by its own terms, makes no transfer of sovereignty, makes no reference to the creation of a “Jewish state” (only to the establishment of a “national home for the Jewish people” within Mandatory Palestine), and, most crucially, expressly reserves the issue of boundaries for later determination. In brief, this activity is promoting a threadbare hoax for transparent political purposes.

For a more detailed analysis of these claims, see my article at the following URL: http://meldungen-aus-dem-exil.noblogs.org/post/2011/01/21/who-owns-jerusalem-a-camera-hoax-approved-for-mcle-credit/

This activity raises a number of questions:

Most important amongst them, perhaps, is the question of whether this activity was in fact approved as an MCLE activity at all. Because of a malfunction on the MCLE Calendar on the State Bar website (the navigation bar overlaps with the calendar), I was not able to determine whether it is listed on the relevant date (27 January 2011). As such, the only information on this matter is the organisers’ own claim.

If, indeed, this activity was approved for MCLE credit, a number of other questions arise:

1. What representations were made in the application for approval?
2. Was the request signed by a member of the State Bar of California?
3. On what basis was the activity found to have “direct relevance” and “significant current professional or practical content”, as required by Rule 3.501(A)?
4. On what basis was the speaker, Jacques Gauthier, found to have “significant academic or professional experience on the subject”, as required by Rule 3.501(B)? Although the event is billed as a lecture by “Professor Jacques Gauthier”, a Google search of Gauthier’s name yields no evidence that he currently holds, or has ever held a teaching position at any institution of higher education. Likewise, the information available on the “dissertation” he is supposed to have written, published, and presumably defended is extremely vague: I have, despite an extensive search, been unable to turn up any indication of the dissertation’s title, the institution to which it was submitted, when and where it was defended, what field it was in (apart from the fact that it could not have been law, as that doctorate is awarded as an LL.D., and there is no indication that Gauthier was ever even awarded an LL.M.), and who was on his dissertation committee (apart from claims that it included “two [anonymous] international lawyers and one [also anonymous] Jewish historian”. As such, it would seem that the claim that Gauthier is a “professor” – or even has “significant academic or professional experience” in the relevant subject matter – is extremely dubious.
5. What supporting documentation, if any, was provided as to Gauthier’s credentials?
6. How in-depth is the Bar’s screening of proposed MCLE activities?
7. What safeguards exist to prevent the approval of fraudulent activities?

Thank you in advance for your time and consideration. I would greatly appreciate detailed answers to the above questions, as this seems to me to be a matter of eminent public concern.

Sincerely,

Élise R. Hendrick