Tres preguntas

1. El Gobierno ¿por qué invitó al diálogo a quienes hace poco trataba de aplastar a guanacazos? ¿Se ha conscientizado de la necesidad urgente de cambiar el sistema o más bien de la imposibilidad de apagar el incendio con la repre?

2. ¿Existen las bases para una negociación?

3. Dada la actitud del Gobierno y la naturaleza de la fuerza del movimiento, ¿a quién le sirve más el diálogo en el momento actual?

El diálogo y la “paz social” no son bienes en sí. Son deseables – o no – en función de su utilidad. La debilidad actual del gobierno – que trató sin éxito de resolver la crisis actual con la repre – no se ha alcanzado mediante el diálogo y la paz social, sino mediante movilizaciones masivas que han roto la falsa paz social y obstaculizado la vida habitual de la sociedad. El movimiento estudiantil se ha ganado el apoyo mayoritario de la población chilena, mientras que el gobierno ha alcanzado niveles de popularidad que se pueden comparar con la peste y la cólera. Por eso, el gobierno se ve en la necesidad de (dar la impresión de) recurrir a otras tácticas para apagar el incendio.

Hace unos días, Matías del Río en Inteligencia Cero elogió la “flexibilidad ideológica” del Gobierno frente a la “intransigencia” del movimiento estudiantil. Lo impresionó mucho el que el Gobierno haya empezado a aceptar reformas que hasta hace poco, rechazaba terminantemente, y dijo que era hora de que el movimiento también mostrara tal flexibilidad. Esta huevada no hay que escucharla – o el del Río es tan idiota que no entiende la cuestión, o la entiende bienísimo, pero quiere ver la derrota del movimiento. ¿De dónde proviene esta nueva “flexibilidad ideológica”? Lo obvio es que este Gobierno tan facho no ha cambiado de mentalidad – si ahora viene pidiendo parlamentos, es porque ha reconocido su propia debilidad política.

Las respuestas del Gobierno indican que éste quiere dar la impresión de estar dispuesto a dialogar, pero con el propósito de cambiar lo menos posible. Se niega a empeñarse por eliminar el lucro del sistema educacional en todos sus niveles. Dice estar de acuerdo con una reforma constitucional y “establecer la educación como derecho pero habló sólo de la calidad, no habló de la gratuidad”. Habla del Estado como garante del derecho a la educación, pero sin concretizar el contenido del derecho ni la responsabilidad del Estado en tanto garante. El parasitismo bancario no lo ve como problema, sino como posible solución a través de “mejorar la competencia” entre los bancos. Respecto del financiamiento mixto, aquel yugo financiero para los estudiantes y las familias, dice que no ve ningún problema en que las familias “puedan aportar” a la educación de sus hijos, dado que es “el anhelo de todos ellos”. O sea que no está dispuesto a dialogar realmente; rechaza de la manera más clara los planteamientos fundamentales del movimiento estudiantil.

El diálogo y la negociación no son bienes absolutos en sí. Hay casos en los que tiene sentido dialogar, casos en los que sería inútil, y otros en los que sería hasta nocivo. Una negociación sólo tiene sentido si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que cumpla con las reivindicaciones fundamentales. Si una parte rechaza terminantemente lo que para otra es fundamental, lo más lógico es terminar la negociación y buscar el triunfo en otra parte. En tal caso, lo único que podrá pasar en el marco de la negociación es que los planteamientos del movimiento se vayan diluyendo y acomodando a los deseos de los poderosos, mientras los poderosos van ganando tiempo y mejorando su imagen pública, demostrando su supuesta “flexibilidad” y la supuesta “intransigencia” del movimiento.

Los fundamentos de tal desastre ya se van sentando en el marco del “diálogo” con el gobierno de Piñera. Aunque los dirigentes de la CONFECH dijeron que se trataba sencillamente de un “emplazamiento cara a cara” al Gobierno, consta del acta de la reunión que los dirigentes, lejos de decirle a un gobierno que rechaza el petitorio del movimiento en lo más fundamental posible que no hay nada que negociar, la CONFECH ha sacado del petitorio elementos clave como la reforma tributaria y la recuperación de los recursos naturales, que sí figuraban en las Bases para un acuerdo social, y – según consta en el acta – no rechazó la propuesta del Gobierno de establecer unas “mesas de trabajo” a la brevedad.

Y si el diálogo no es un bien en sí, la “intransigencia” tampoco es algo intrínsecamente malo. Si se reivindica lo justo y se está ganando, ¿por qué habría de deponer una actitud justa y ganadora? ¿Por qué sería conveniente deponer una actitud que goza del apoyo del 80% de la población para entrar en el diálogo con un Gobierno que tiene el apoyo de unos 20%, y que ni siquiera está dispuesto a aceptar los planteamientos más básicos del movimiento? Algunos hablan ya de que la CONFECH habría “vendido” el movimiento estudiantil – eso no lo excluyo como posibilidad, pero a estas alturas sí puede decirse que el proceder de la CONFECH no tiene el más mínimo sentido como acercamiento táctico. Se está jugando el apoyo popular y la credibilidad del movimiento para hacerle un favor a un gobierno que no tiene nada que ofrecer.

El sacrilegio

A algunos, lo siguiente les parecerá un sacrilegio en este aniversario del histórico triunfo electoral de la Unidad Popular, pero aunque parezca sacrilegio, en realidad no lo es. Esencialmente, puede decirse que hay dos maneras de ver el documental La batalla de Chile de Patricio Guzmán y los hechos históricos que se muestran en ello: desde la óptica trágico-nostálgica de lo que se perdió, y desde la óptica de cómo se perdió lo que se perdió, y cómo ganaron los que ganaron. Para quien se interese por la táctica, la segunda óptica es la más importante: La táctica hay que aprenderla de los ganadores. Así que no hay mejor manera de resucitar la obra del movimiento popular y empezar a derrumbar la ciudadela política, económica y social del pinochetismo que aprender de los que lograron derrocar a la UP. No será que los momios hayan podido permanecer encumbrados en Chile y en el mundo por puros huevones.

El que el momiaje (con el apoyo del gobierno estadounidense, por supuesto) lograra poner y mantener en la defensiva al gobierno más popular de la historia de Chile es una hazaña digna de estudiarla, sobre todo en una época donde se trata de un gobierno que no goza ni de la mitad del apoyo popular que tenía la UP y de una institucionalidad que – como lo dijo Ariel Zúñiga – es “ilegítima de origen, pues deriva de un crimen impune cual fue el golpe de estado”.

¿Cómo lo hicieron? ¿Acaso buscaron el diálogo con el Gobierno Popular? ¿Acaso diluyeron sus planteamientos para poder entrar a negociar con la UP? No, porque no hubiese tenido sentido. Se trataba de un conflicto de intereses fundamental, así que no había nada que negociar porque el Gobierno y la oligarquía no hubiesen podido ponerse de acuerdo ni en lo más fundamental: su deseo era el de proteger sus granjerías y privilegios, mientras el del Gobierno Popular era quitárselos.

El acercamiento táctico esencial del momiaje no era el del golpe de estado. Dar el cuartelazo era una decisión coyuntural, tomada sobre todo porque la vía institucional se iba cerrando. Fundamentalmente, el método de los momios fue el de crear y explotar una crisis sistémica. A tal fin, la oligarquía chilena y los EEUU hicieron lo imposible por evitar el diálogo, porque de aceptar el diálogo, se habría ido disminuyendo la urgencia que era necesaria para mantener la crisis. Paralizaron la economía tanto exterior como interiormente, bloquearon cada iniciativa del gobierno para buscar una salida de la crisis que no fuera la derrota definitiva de la UP. Al final, la opción militar se hizo necesaria porque el Gobierno Popular tenía algo que le falta casi por completo al gobierno de Piñera – la legitimación democrática por amplios sectores de la población.

Si descontamos lo del poder económico y el apoyo de la potencia hegemónica, el movimiento estudiantil actualmente se encuentra en una situación más ventajosa que la del momiaje en la época de Allende: no se está luchando en contra de los intereses de las más amplias capas de la población, sino a favor de ellas y con su apoyo. No tiene el movimiento estudiantil ningún déficit democrático – el déficit lo tiene el gobierno mismo. Y todo lo que se dice de la educación chilena al fin de cuentas, también dice relación con todo el legado socioeconómico y político del pinochetismo que todavía rige en el país.

En una crisis sistémica los principios normales de la táctica se ponen al revés. Cuando se está actuando en el marco de una institucionalidad y una sociedad que se encuentran en tiempos más bien normales, el ámbito de un movimiento para proponer, reivindicar y actuar es más restringido. Total, la cosa anda más o menos cabalmente, y aunque esté andando pa’ la cagá, ¿quién quiere arriesgarse haciendo media vuelta? Además, si la institucionalidad todavía está a la altura de la situación, los poderosos no tendrán dificultades para convencer a la gente que existirían soluciones sistémicas, que no habría que inventar las cosas de nuevo. Fuera de las situaciones críticas, rara vez tiene sentido actuar sino gradualmente, también porque los movimientos también van creciendo más lentamente en tiempos normales. Ya tan sólo el que los poderosos acepten dialogar supone un gran logro y la posibilidad de mejorar – aunque sea un poquitito – la situación.

Pero la crisis sistémica tiene su propia lógica. La institucionalidad ya no está a la altura de la situación, no cuenta con la suficiente flexibilidad estructural e ideológica para dar con una solución satisfactoria. Los movimientos que ofrezcan soluciones plausibles y actúen de manera inteligente pueden vivir un crecimiento insólito, en la medida en que el poder se vaya alejando del punto de vista la población. Si se trata de un sistema flexible e inteligente, la institucionalidad agotará toda su capacidad acrobática para dar por lo menos la impresión de tener la voluntad de llegar a una solución real. Si se trata – como en el caso del gobierno actual en Chile – de un gobierno rígido y autoritario, tratarán de contestar a la rabia popular con los balazos y los guanacos, para sembrar la pasividad juntando miedo.

En una crisis sistémica, el miedo a lo nuevo cede el paso al miedo de seguir el mismo rumbo de siempre. La gente tiene menos que perder, y es más dispuesta a pensar en términos más globales y menos tecnocráticos. Los intereses y conflictos fundamentales se ponen de relieve – ya no es tan fácil como antes existir entre la chicha y la limonada. Existe por ende un potencial insólito para cambiar la sociedad, un potencial que nace y se muere con el sentido de urgencia. Así es que no hay cosa más nefasta en una crisis que el gradualismo, que les brinda una salida a los poderosos, que saben muy bien que pasada la crisis inmediata, ni siquiera tendrán que cumplir cabalmente con las medidas de poca monta que se han acordado. Sobre todo cuando la chicha goza del apoyo del 80% de la población y la limoná no une más que el 20%, la chicha no tiene por qué aceptar el diálogo.

Actualmente, el Gobierno ha reconocido su propia debilidad invitando al diálogo a los que sus guanacos no consiguieron acallar. El movimiento estudiantil no debería darse prisa. Esa invitación de Piñera no es más que una maniobra comunicacional para contrarrestar la disminución constante de la ínfima cantidad de apoyo que aún tiene. Quiere que los estudiantes y demás integrantes del movimiento participen de unas “mesas de trabajo”. ¿Para qué? Si ya dijo en la primera reunión que no piensa aceptar las demandas del movimiento ni en lo más fundamental, y para colmo le faltó al respeto a todo el movimiento diciendo que los estudiantes tendrían demasiadas vacaciones y que los profesores deberían trabajar más, y ofreciendo establecer una ”Superintendencia” que la legislación actual en la materia ya exige desde hace años.

¿Acaso los momios se hubiesen sentado en una “mesa de trabajo” con la UP si Allende viniese diciendo que no estaba de acuerdo ni con derogar la Reforma Agraria ni con dejar que la oligarquía cobrase el precio que se le antojase por los productos de primera necesidad, y si a cambio no les hubiese ofrecido nada más que una Superintendencia para fiscalizar la calidad de las industrias del área social? Ojalá hubiese sido así, que si los momios hubiesen sido así de huevones, habrían sido demasiado imbéciles para llevar a cabo un golpe de estado.

No hay ninguna prisa. Cada día sin poder imponerle una solución a la crisis significa para el Gobierno un aumento del dolor que ya se está volviendo grave. Cada día de crisis se van debilitando cada vez más las estructuras que mantienen la integridad de la institucionalidad “pos”pinochetista. Cuando uno goza del apoyo del 80% de la población, no será difícil explicarle al público que no tiene sentido dialogar cuando el Gobierno no está ofreciendo nada. En vez de hablar de un ofrecimiento sin contenido con un mandatario sin mandantes, más vale hablar entre sí y directamente con el público, desarrollando y refinando las ideas y los planteamientos para el nuevo sistema educacional (y los otros temas que surjan). Si hoy invita, mañana vendrá suplicando.

APUNTES

Derecho constitucional a la educación

1. La educación ya figura como derecho en la CP actual (CPR Art. 19 no. 10).

2. La reforma fundamental – la gratuidad al Gob. No le merece ni una palabra concreta.

3. El papel del Estado en tanto garante queda vago en la R. del Gob.

4. O sea, el Gob. Está de acuerdo con mantener elstatus quo en lo fundamental.

Financialmiento/Gratuidad

– RECHAZO al fin de lucro en todos los niveles;

– RECHAZO a la eliminación de la banca privada (se plantea “mejorar la competencia” entre los bancos como “solución”)

– RECHAZO término del financiamiento mixto, formulándolo como una oportunidad de las familias para cumplir sus “anhelos”

-“40% más vulnerable” y no “70% de menores ingresos”

– Habló en el preámbulo de “avanzar hacia la gratuidad”, pero rechaza cualquier medida concreta.

Hace rato que existe un debate bastante movido acerca de la así denominada Ley Antiterrorista (o “Ley de la Seguridad Interior del Estado” por su denominación anterior), sobre todo en cuanto a su aplicación en los procesos entablados en contra de varios activistas mapuche. Hay quienes exigen que esta ley no se aplique en el caso concreto de los presos políticos mapuche o exigen su derogación total, además de quienes afirman que la no aplicación de dicha norma constituiría un atentado al Estado de Derecho por ellos tan querido. Hay quienes hacen hincapié en la falsedad de la denominación “antiterrorista” (dado que fue promulgada la norma por una organización terrorista afin de aplastar a la oposición política).

No parece existir ningún debate, sin embargo, acerca de una cuestión mucho más fundamental: La así denominada Ley Antiterrorista/Ley de Seguridad Interior del Estado no es ley.

El Estado de Derecho está en todas bocas, sobre todo las de las personas que más atentan contra ello. Para estos últimos, el Estado de Derecho no parece ser más que una fuente de atribuciones y una justificación para la represión. En tales circunstancias no es de sorprenderse que se pierda de la vista un principio jurídico tan básico y obvio que ni siquiera hay que enunciarlo explícitamente: Una ley sólo es ley si se tramita por los cauces establecidos y emana de la autoridad correspondiente.

Para determinar si la así denominada Ley Antiterrorista fue emanada por la autoridad correspondiente, basta echar un vistazo a la firma. Con arreglo al art. 52 de la Constitución Política de la República (1925), le corresponde al Presidente de la República (o en su defecto, el Ministro del Interior en calidad de Vicepresidente de la República, como lo dispone el art. 66) aprobar y promulgar un proyecto de ley una vez aprobado por las cámaras. Así es que para determinar si la “Ley Antiterrorista” es ley, vale la pena echarle un vistazo al nombre de quien la firmó:

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República.
Tómese razón, regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Raúl Benavides Escobar, General de División, Ministro del Interior.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.- Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

Curiosamente, esta ley supuestamente aprobada en 1975 no está firmada ni por el Presidente de la República elegido en 1970, Salvador Allende Gossens, ni por el Ministro del Interior, Carlos Briones Olivos, en calidad de Vicepresidente de la República, sino por un tal Augusto Pinochet Ugarte y un tal Raúl Benavides Escobar, quienes no se acreditan sino con rangos militares. Si eso fuera poco, tampoco consta que fuera aprobada esta ley por el Congreso Nacional.

Es cierto que al firmarla, este Sr. Pinochet se identificó como Presidente de la República, pero la Constitución Política de la República no contiene disposición que rece: “Es Presidente de la República cualquier huevón que así se autodesignare”. Por ende, hay que determinar si este señor Pinochet llegó a adquirir este título por los cauces establecidos en la Carta Fundamental (por lo menos si nos adherimos al Estado de Derecho). El art. 66 dispone que:

En los casos de muerte [del Presidente de la República] (…) el Vicepresidente, en los primeros diez días de su gobierno, expedirá las órdenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta días, a nueva elección de Presidente en la forma prevenida por la Constitución y por la ley de elecciones.

El presidente en ejercicio, Salvador Allende, cuyo mandato hubiera cumplido en 1976, falleció el día 11 de septiembre de 1973, luego de un atentado sedicioso llevado a cabo por varios sectores de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Por ende, con arreglo al inciso 2º del art. 66 de la Carta Fundamental, el Ministro del Interior, Carlos Briones, debió asumir como Vicepresidente de la República y expedir las órdenes convenientes para dar lugar a una nueva elección antes del 10 de noviembre de 1973.

Por consiguiente, esta supuesta Ley de Seguridad Interior del Estado podría considerarse ley si es que el Sr. Pinochet se presentó como candidato en la elección presidencial especial convocada en 1973 por el Vicepresidente Carlos Briones. Y aquí – siempre que nos sigamos adhiriendo al Estado de Derecho –nos topamos con un pequeño inconveniente: El Sr. Pinochet no pudo presentarse en dicha elección porque dicha elección no tuvo lugar. Y dicha elección no tuvo lugar porque el Vicepresidente de la República no pudo expedir las órdenes convenientes. Y no pudo expedir las órdenes convenientes porque fue secuestrado el dia 11 de septiembre de 1973 por una pandilla de militares y carabineros sediciosos, encabezados – senz’altro – por el mismo Sr. Pinochet, a quien se le había ocurrido que era mucho más fácil saltarse el hastío de los trámites constitucionales, disolver el Gobierno a balazos, secuestrar al Gabinete, aumentar la eficiencia gubernamental clausurando el Congreso Nacional, y hacerse Presidente de la República mediante el mecanismo innovativo – hasta aquel entonces desconocido en terra chilensis – de la autoaclamación. En pocas palabras, el Sr. Pinochet no pudo hacerse Presidente porque él mismo impidió la celebración de las elecciones especiales mediante las cuales hubiese podido ser elegido. Y por eso, un papelito firmado por él con “Ley” en el rubro tiene la mismita vigencia legal que tendría si tal papelito fuese firmado por la autora del presente: NINGUNA.

Por ende, no es cuestión de derogar o reformar el escrito denominado “Ley de Seguridad Interior del Estado/Ley Antiterrorista/Ley 12.927”. Tampoco es menester retirar querellas fundadas en dicho escrito, dado que en todo caso carecerían de fundamento jurídico en la medida en que se basan en ello. Son nimias las afirmaciones de diversos efectivos del momiaje oficial y extraoficial, que sería una vulneración al Estado de Derecho negarse a aplicar el contenido del escrito firmado por el Sr. Augusto Pinochet Ugarte el 3 de julio de 1975 como si fuera una ley de verdad. El Estado de Derecho no exige la aplicación de seudoleyes emitidas por personas sin capacidad legal para dictar leyes. Es más, la prohibe.

El Estado de Derecho es una cuestión binaria. O se acepta la idea de que el Estado tiene que cumplir con la Constitución y las leyes, o se rechaza. No hay Estado de Derecho Facultativo ni Estado de Derecho Parcial.  Los señores Hinzpeter, Piñera y sus compinches que se llenan la boca del Estado de Derecho ante las justas reivindicaciones de los presos políticos mapuche y tantos otros, en realidad son los enemigos más resueltos del Estado de Derecho, porque pretenden aplicar unas (seudo-)leyes y no otras. Si es que realmente son partidarios del Estado de Derecho, que lo apliquen todo – las leyes que castigan al militar que apunta con el arma al propio Gobierno, las disposiciones constitucionales (de la Constitución de 1925, que por los mismos motivos que llevan a la nulidad insubsanable del escrito denominado ‘Ley Antiterrorista’ sigue siendo la única constitución vigente) que llevan a la nulidad de todo acto ejecutivo o legislativo emanado del régimen netamente ilegal del Sr. Pinochet (privatizaciones, criminalización del aborto terapéutico, y demás normativas alucinantes). Si no manifiestan la intención de hacerlo, que manifiesten a diario su rechazo terminante al concepto mismo del Estado de Derecho.

Terrenos tomaos,
Momios enojaos,
dicen: ‘los mapuche son re malcriaos,
que aunque tanto plomo ya les hemos dao,
(¡miren que fue caro porque importao!)
y celdas bonitas les hemos prestao,
¡ni nos dan las gracias por nuestra bondad!’

Mi vida, ¡qué maleducados
se portan los mapuchones!
¡Mi vida, no respetan
a nuestras instituciones!

¡Ay, miren que se niegan
los malcriados
a aceptar el manjar de nuestro
hermoso Estado!

¡Malcriados, ay sí!
Que los ignorantes
adopten nuestras costumbres
más elegantes:

¡A los que detestamos
Los derrocamos!